El reconocido cafetalero José Antonio Salaverría presentó la mañana de este miércoles un escrito, junto a sus abogados, en la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de los abogados Mario y Humberto Sáenz [representantes del banco Davivienda] por la manera en cómo han venido dilatando el pago de los $49.3 millones a favor del empresario.
Con el escrito presentado por Salaverría lo que busca es que la Corte Suprema suspenda del ejercicio de la abogacía a Mario y Humberto Sáenz.
«Siempre he manifestado que creo en el sistema y esperamos que con todas las pruebas que estamos presentando los suspendan como abogados que es lo que menos se merecen y lo estoy haciendo en carácter personal como afectado, pero también sentando un precedente nacional porque a tanta gente que no se puede defender cometen las misma artimañas, ya basta», expresó el cafetalero.
Al respecto, Nelson García, uno de los abogados del cafetalero, comentó que «a lo que se ha referido don Antonio es una práctica que se ha considerado ilegal por nuestra legislación en cuanto al ejercicio de la abogacía. El abogado debe ser un contribuyente de la pronta y merecida justicia», dijo.
Mencionó [sobre el actuar de los abogados denunciados] que «lo que hacen es desarrollar una serie de acciones tendientes al cansancio, al desgaste de la contraparte, violenta no solo conceptos legales sino éticos y vocacionales de esta profesión y eso tiene sus sanciones».
En febrero pasado, la Sala de lo Constitucional de la CSJ dio un nuevo revés al bufete Sáenz y Asociados, cuando declaró improcedente la demanda de amparo que interpusieron para intentar revertir el fallo del pago de $49.3 millones que la financiera está obligada hacer a José Antonio Salaverría por orden del Juzgado Primero de lo Mercantil, dicha resolución fue confirmada por la Sala de lo Civil.
El bufete mencionado es parte en los litigios contra el hospital del ISSS de San Miguel, en el que representa a la cuestionada empresa IBT que construyó una obra que [según el ISSS denunció ante la Fiscalía] presenta 824 irregularidades o fallos de construcción, en drenajes, en juntas o en tuberías.
Además, han estado involucrados en un litigio de la italiana ENEL en contra del Estado. ENEL adquirió en 2015 [en el gobierno del FMLN] la mayoría de acciones de LaGeo, una negociación con «motivación corrupta», según la UCA.
