La Asamblea Legislativa cumplirá en tiempo y forma la elección del nuevo presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), proceso que deberá estar finiquitado a más tardar el 27 de este mes, fecha en que los actuales funcionarios del ente contralor terminan su mandato de tres años.
La CCR tiene como presidente a Roberto Antonio Anzora Quiroz; como primer magistrado, a María del Carmen Martínez Barahona, y como segundo magistrado, a Julio Guillermo Bendek Panameño.
Anzora Quiroz no participa del proceso de elección, no así Martínez Barahona y Bendek Panameño, que presentaron su intención y ya fueron entrevistados por los diputados de la comisión política.
«Durante esta legislatura, todas las elecciones de funcionarios de segundo grado han sido hechas en tiempo y forma. Este proceso se cumplirá con los magistrados de la Corte de Cuentas en la comisión política», ha asegurado el coordinador del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Los nuevos titulares de la institución contralora del Estado serán electos para el período 2023-2026 de un listado de 34 profesionales que mostraron interés en participar del proceso de elección para optar a los cargos de presidente o magistrado primero o segundo del ente fiscalizador.
La comisión política del congreso espera finalizar el lunes 21 próximo las entrevistas a los participantes, luego de iniciarlas el lunes 17 de julio pasado dicho proceso, por el que ya pasaron 14 de los 34 concursantes.
El presidente de la mesa legislativa de trabajo y del congreso, Ernesto Castro, advirtió que la Corte de Cuentas de la República tendrá cambios «de raíz», al recordar y cuestionar cómo era antes el proceso de elección de sus titulares.
«Nos interesa saber si quienes se han lanzado a la candidatura para la Corte de Cuentas están dispuestos a arrancar de raíz cualquier estructura de corrupción. Esa institución no puede seguir secuestrada por vicios del pasado», dijo Castro.
Las jornadas de entrevistas coinciden con la detención y el juzgamiento de nueve empleados de la Corte acusa – dos de aprovecharse de sus funciones para omitir información relacionada con auditorías realizadas a diferentes municipalidades de la zona oriental del país. A ellos se les atribuye el delito de incumplimiento de deberes.
Los candidatos ya entrevistados han expresado de que no responderán a intereses partidarios de ser electos en los cargos, pues ello ha sido uno de los principales factores para que la CCR no haya podido llevar a cabo plena y satisfactoriamente su rol de fiscalizadora de la función pública.
