El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Alvarez denunció este viernes irregularidades en el proceso judicial que se sigue en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador que pretende embargar a la empresa italiana Astaldi, la misma que habria dado sobornos al expresidente del FMLN, Mauricio Funes por actos de corrupción en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral.
Alvarez crítico a los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal por dar una resolución exprés para frenar el proceso de embargo de $228 millones contra la empresa italiana, dinero que la autónoma busca recuperar.
«Esta ha sido una actuación exprés, tomando en cuenta que, generalmente el promedio de los tribunales de segunda instancia como este, se tardan aproximadamente entre 6 y 8 meses. Sin embargo, en este caso que involucra al expresindente Funes y a la empresa Astaldi, extrañamente los magistrados se tardaron únicamente tres días en ambas resoluciones, rechazando nuestra petición para que se ejecute el millonario embargo que asciende a $228 millones», indicó Alvarez.
En septiembre del año pasado, el juzgado Noveno de Instrucción resolvió procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI S.P.A. siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país”, señala la resolución.
En esa ocasión, la jueza Nora Montoya explicó en el documento que la medida cautelar estaba basada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que El Salvador firmó en diciembre de 2003 y ratificó en junio de 2004.
Astaldi es una compañía constructora que tuvo a cargo la construcción de la presa El Chaparral y tras romper contrato a través de un arreglo directo, recibió $108.5 millones, y luego se supo que, la constructora entregó sobornos por $ 3.5 millones al prófugo expresidente Maurico Funes, quien avaló ese arreglo.
El representante legal de CEL, Orlando Quijano señaló que las irregularidades se encuentran en la última resolución notificada, el jueves, dada por los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, quienes conocieron una petición que la querella de CEL presentó.
«La petición se presentó con el fin que ellos mismos ejecutaran la resolución que pronunciaron con fecha 26 de octubre del 2020, por medio de la cual ordenaron al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, que fundamentara de mejor manera el embargo decretado contra la empresa italiana», explicó Quijano.
Para el presidente de CEL la pronta resolución de la Cámara es preocupante y pone en entredicho la estabilidad jurídica que tiene el país.
«Lo preocupante es como la Cámara sacó una resolución tan rápida en un proceso tan polémico como lo es el caso El Chaparral, donde nosotros con todo el equipo legal hemos venido cumpliendo el mandato del presidente de la República en donde tenemos que recuperar todo aquel dinero que se hayan robado», señaló Alvarez.
El representante legal de CEL aclaró que, en dicha resolución, los magistrados de la referida cámara vulneraron el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
«En términos sencillos, han limitado a toda costa a CEL para recuperar el dinero que los gobiernos anteriores le robaron a los salvadoreños en este señalado proyecto», explicó Quijano.
Agregó que ayer mismo, el equipo legal de CEL interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la resolución que emitieron los magistrados de dicha Cámara, por la violación de ambos derechos.
«Adicionalmente presentaremos una denuncia ante la sección de investigación judicial de la CSJ, contra los mismos magistrados para que se investigue y verifique su actuación respecto a dicha resolución, de conformidad a la Ley de la Carrera Judicial y Ley de Procedimientos Administrativos, con el fin que se deduzca responsabilidad personal de estos funcionarios, al no ejercer sus deberes como jueces», aseguró el representante legal de CEL.
IRREGULARIDADES
1- 3 DÍAS. La rapidez con la que los magistrados dieron la resolución, ya que en los tribunales de segunda instancia estos casos no se resuelven en un tiempo tan corto.
2- OTRO ARGUMENTO. Técnicamente hablando la resolución se aparta de los argumentos presentados por la querella a la hora de solicitarle a la Cámara que ejecutara una resolución que ellos mismos pronunciaron.
3- IMPROCEDENTE. Se apartan de la querella y buscan una figura que se llama denuncia por retardación de justicia, lo cual la CEL nunca ha presentado una solicitud de esta naturaleza. Por eso declaran improcedente la petición de CEL.
