La ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, ha sido condenada a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador ha fallado que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República la incriminaron directamente.
Los jueces también han condenado Mixco Sol de Saca a pagar junto al resto de imputados $17.6 millones en concepto de responsabilidad civil ya que, según la acusación fiscal, es la cantidad que blanqueó.
El Tribunal también condenó a 10 años a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la ex primera dama, a Milton Romeo Avilés Cruz, el tribunal también lo ha encontrado culpable y le impuso 7 años.
Los imputados Julio Roberto Zamora Bolaños, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales y Oswaldo Octavio Orantes Marenco, fueron absueltos por insuficiencia probatoria.
En este caso, conocido como «Destape a la Corrupción II», los fiscales del Grupo Especializado contra la Impunidad acusaron a la exprimera dama y demás imputados de lavar $17.6 millones, de los $301 millones que el expresidente Elías Antonio Saca confesó que sustrajo de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial y que lo llevó a recibir una condena de diez años por peculado y lavado de dinero, en un procedimiento abreviado en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Cuando la vista pública comenzó el 2 de febrero de 2021, el ministerio público esperaba que se enjuiciara a los 13 imputados, pero por problemas de salud fueron separados del proceso los publicistas Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Lemus Zaldívar, mejor conocido como Antonio Lemus Simún y José Antonio Armando Lemus Zelaya.
Mientras que César Daniel Funes Cruz y Gerardo Antonio Funes Durán, enfrentarán un procedimiento abreviado en otro juzgado. ya que se han comprometido a devolver al Estado los $1.3 millones que lavaron a través de la agencia de publicidad Funes y Asociados.
Los dos imputados ya han negociado esa salida alterna al proceso con la Fiscalía General de la República, lo cual les garantiza una pena leve y evitaron el proceso penal ordinario que los podía llevar a una condena de hasta 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
