A ocho años de cárcel fue condenado Óscar Armando García Molina, quien fue encontrado culpable por el delito de extorsión en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
La pena se la impuso el Juzgado de Especializado de Sentencia B de San Salvador luego que la Fiscalía General de la República probara que cometió la extorsión agravada.
En la vista pública el ministerio público lo señaló de integrar una estructura de extorsionistas que delinquía en la zona rural del municipio de Ciudad Delgado, al norte de San Salvador.
La víctima es un comerciante que fue obligado a pagar $10 semanales a cambio de permitirle vender su mercadería en el Cantón San Laureano, sector donde el imputado delinquía.
El hecho ocurrió en el año 2014, así quedó establecido en el juicio, la denuncia de la víctima fue clave para que la Fiscalía girara orden de captura y procesar a García Molina.
El comerciante manifestó en su denuncia que estaba siendo afectado por el extorsionista ya que ante las amenazas a muerte que recibía si no pagaba los $10 no podía continuar con su actividad comercial en la zona.
El cantón San Laureano, era una de las zonas rurales de Ciudad Delgado donde los pandilleros mantenían amenazados y sometidos a comerciantes y transportistas, pero las denuncias de las personas permitieron ir deteniendo a los chantajistas.