Los trabajadores públicos de Costa Rica que se nieguen a vacunar -sin justificación válida- contra la COVID-19 serán multados con un salario base de $738,17, equivalentes a ¢462.200, según estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud, además, serán denunciados ante el Ministerio Público.
Así lo confirmó el Gobierno ante la entrada en vigencia de la obligatoriedad de vacunación en el sector público a partir del 15 de octubre. La medida también aplicará para los patronos del sector privado que así lo hayan establecido en sus reglamentos internos.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, detalló que los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar un informe el 5 de noviembre sobre el avance de la vacunación de su personal.
El documento tendrá la cantidad de personas con esquema completo, total con primeras dosis, con certificado de contraindicación médica para esta inmunización y de los no vacunados. «Para ello, las entidades deberán verificar la vacunación de cada funcionario, así como la justificación médica de aquellas personas que tengan contraindicaciones. En cada entidad, los encargados del manejo y protección de la información serán los consultorios médicos o, en su ausencia, el área de salud pertinente; al ministerio de la Presidencia solo llegarán datos generales, sin detalles individuales ni sensibles», explicó el Gobierno en un comunicado.
El Ejecutivo lanzará una campaña en el sector para aclarar dudas sobre la aplicación de dosis, si esta estrategia no funcionar, será los jerarcas de cada institución los que instruyan a su personal «para lo que habrá entre cinco y 10 días hábiles para cumplir la orden». De no acatar la imposición, procederán a la multa y proceso penal.
Un segundo informe se solicitará el 26 de noviembre. «Nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todos», dijo el presidente Carlos Alvarado.