Considerando la complejidad que supone la coordinación en el uso de recursos productivos en organizaciones sociales en expansión —para convertirlos en bienes y servicios con los cuales satisfacer las necesidades colectivas—, se recurrió a formas primitivas de intercambio, en sus inicios (trueque), hasta adoptar esquemas cada vez más sofisticados y abstractos de medios de cambio, donde el uso de bienes utilitarios dio paso a la utilización de metales (oro, plata, hierro, cobre y diversas aleaciones) y monedas fiduciarias (fiat) y donde la aceptación generalizada de esta como medio de pago descansó finalmente en acciones de política pública al designarlas monedas de curso legal.
Asimismo, el intercambio comercial entre estados y el control de movimientos de capitales entre residentes y no residentes requirió de la construcción de una infraestructura financiera internacional ágil, utilizándose para ello unidades de cuenta para la determinación de precios relativos (términos de intercambio); se adoptó entonces como patrón de medida el oro, y al terminar la Segunda Guerra Mundial esta función fue asumida por el dólar de Estados Unidos de América (patrón divisa-oro), que, dicho sea de paso, era originalmente convertible en oro.
Desde los albores de la historia, cada estado controló la emisión de la moneda que se usaba para el intercambio de bienes y servicios en sus territorios mediante casas de moneda oficiales al inicio, pero luego se recurrió a instituciones especializadas denominadas, frecuentemente, bancos centrales.
La política monetaria constituyó así un instrumento efectivo para la regulación de la liquidez interna, y, en algunas oportunidades, la emisión inorgánica de dinero desencadenó procesos inflacionarios y la pérdida de valor de la moneda local respecto a otras divisas, léase devaluación o depreciación, según fuera el régimen cambiario adoptado por cada economía.
En el caso salvadoreño, en un determinado momento se renunció a la emisión de moneda local y en 2001 se adoptó el dólar como moneda de curso legal, por lo que la política económica experimentó claras restricciones para incidir en el desarrollo económico interno.
De ahí que el intercambio interno y externo dependía exclusivamente del uso de dólares, siendo los medios naturales para obtenerla las exportaciones, la atracción de inversiones extranjeras y el endeudamiento.
Como el saldo comercial del país ha sido históricamente deficitario y el saldo neto del pago de factores externos de producción también, el país ha dependido, esencialmente, de las transferencias corrientes (remesas familiares) para cubrir la pérdida espontánea de divisas en las últimas décadas.
Por otro lado, gracias al desarrollo tecnológico, el «blockchain» y las «fintech», desde 2009 se observó, a escala mundial, el nacimiento de nuevos modelos de negocio y sistemas de intercambio de bienes y servicios novedosos, así como instrumentos de inversión que dependían cada vez menos de una verificación centralizada.
Las nuevas formas de financiamiento como las plataformas de «crowdfunding», «venture capital» e Inicial Coin Offering (ICO) se han constituido en mecanismos de financiamiento exitosos.
Dentro de este marco, El Salvador decidió autorizar el uso del bitcóin (BTC) como moneda de curso legal en su territorio a partir del 7 de septiembre de 2021, como parte de una serie de acciones estratégicas de modernización del Estado.
Gracias a la implementación de un conjunto de medidas de contenido tecnológico, el Gobierno espera dinamizar y modernizar la economía, atrayendo a inversionistas que deseen formar parte de este proyecto global, el cual se espera coronar, a mediano plazo, con la interconexión de proyectos de infraestructura y la construcción de una ciudad inteligente basada en economía circular, denominada Bitcoin City.