Durante su discurso en las Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele destacó que El Salvador está renaciendo «porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer». Gracias a esa valiente decisión, el pueblo salvadoreño cambió décadas de administraciones entre ARENA y el FMLN para elegir a un verdadero Gobierno que puso los intereses de los ciudadanos en primer lugar.
En los 30 años de ARENA-FMLN, los intereses político-electorales estuvieron por encima de las necesidades de los salvadoreños, cuyas vidas incluso fueron negociadas con las bandas criminales para recibir apoyos en las urnas o respaldos en las comunidades.
Durante ese tiempo, El Salvador recibió «la asistencia internacional» a través de consultores externos que dictaron a diputados sumisos leyes que no se ajustaban para nada a la realidad nacional. Y, a pesar de las voces que reclamaban la desconexión con el entorno local, la presión logró la aprobación de leyes blandas que protegían a los delincuentes, poniendo en duda la denuncia de las víctimas, que luego de sufrir vejámenes debían romper primero las cadenas del terrorismo impuesto por las pandillas en los barrios y luego probar ante un corrupto sistema judicial que habían sufrido delitos.
Otras leyes fueron permisivas con los delitos cometidos por menores de edad, los cuales fueron reclutados por las maras para cometer los más violentos crímenes, alentados por las penas bajísimas, aunque se tratara de asesinatos. Esta destrucción del tejido social provocó que las organizaciones delincuenciales tuvieran un profundo desprecio por la vida, convirtiendo al país en la capital del homicidio.
No fue hasta que el presidente Bukele asumió el Gobierno después de elecciones libres, transparentes y directas que el destino de El Salvador comenzó a cambiar. Ya no se aceptó la voluntad de organismos supranacionales como disposiciones de obligatorio cumplimiento, sino que se diseñó un plan propio para enfrentar los retos nacionales.
Se priorizó el derecho de las víctimas, se limpió de corrupción y de activismo político el sistema judicial y la Fiscalía asumió su papel constitucional, del lado de los ciudadanos. El régimen de excepción ha sido el aporte de los diputados que el pueblo eligió para incorporar herramientas legales que han permitido la desarticulación de las maras.
Y, sin embargo, queda camino por recorrer. El presidente Bukele lo dijo en la 78.ª Asamblea General de la ONU porque ahora toca integrar plenamente a la sociedad a los jóvenes para que nunca más el crimen pueda reclutarlos.
