El expresidente del Banco Hipotecario (BH), Carlos Alberto Ortiz; el exvicepresidente de la misma institución, Carlos Enrique Cruz Arana y del exoficial de Cumplimiento, Jolman Alexander Ayala fueron capturados por estar involucrados en el caso Saqueo Público en el que el expresidente Mauricio Funes es acusado de lavar $351 millones del erario.
Los exempleados son acusados por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado en calidad de cómplices necesarios, cometidos durante la gestión presidencial Funes, quien está asilado en Nicaragua.
Ortiz es el segundo expresidente del banco Hipotecario vinculado a Funes, luego que Manuel Rivera Castro ya es procesado por delitos similares. Este banco era de donde sacaban bolsas cargadas con millones de dólares, fingían que en camiones salían a botar basura.
En noviembre del año pasado, la presidenta del BH, Celina Padilla denunció ante la Fiscalía que utilizando el mismo mecanismo del prófugo Mauricio Funes para sacar dinero de las arcas del Estado por $379.5 millones, bajo la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) se sustrajeron, al menos, $58.7 millones.
De acuerdo con las autoridades del banco, el aviso presentado ante la Fiscalía General de la República es por las sospechas de posibles delitos de peculado y malversación de fondos desde la Presidencia de Sánchez Cerén.
De acuerdo con las investigaciones internas, el Banco Hipotecario ha logrado establecer que durante los dos gobiernos del FMLN se sustrajeron 438.2 millones de dólares; $379.5 millones durante el Gobierno de Mauricio Funes y $58.7 millones durante la gestión Sánchez Cerén, en sus primeros dos años (2015 y 2016).
Según las investigaciones del banco, a las cuentas de Francisco Rodríguez Arteaga y de Pablo Gómez (ambos implicados y condenados a prisión por la sustracción de dinero de la Presidencia de Saca y luego de Funes) siguieron haciendo transferencias por $58.7 millones durante la administración de Sánchez Cerén, hasta que fueron capturados en 2016.
«SAQUEO PÚBLICO»
La Fiscalía General ha expuesto y documentado ante los tribunales que una estructura de 32 personas supuestamente sustrajo $351,035,400 de fondos públicos durante la gestión de Funes.
Este caso fue el primero que la Fiscalía llevó a los tribunales. El ministerio Público señala que Funes junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente de haber creado una compleja red para extraer de Casa Presidencial millones de dólares, conducta que llevó a presentar cargos de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como casos especiales del delito de encubrimiento.
Según la acusación fiscal, Funes y los demás procesados utilizaron supuestamente varias modalidades para sustraer los fondos durante su administración. En las pesquisas detectaron que hubo compra de vehículos, adquisición de inmuebles a través de testaferros, viajes de turismo a por lo menos 20 países, entrega de dinero a personas allegadas, construcción y remodelación de inmuebles, transferencia de dinero a personas legales y jurídicas y compra de artículos de lujo.
Entre el 7 y 8 de junio del 2018, solo seis personas lograron ser capturadas en el operativo, han pasado más de dos años y medio y al menos 20 implicados siguen prófugos.