Es probable que yo sea muy atrevido al tocar un tema tan sensible en nuestra sociedad, con tanto tabú en el entorno y que en nuestro medio quien se atreva a señalar algo relacionado con los derechos de la mujer sea identificado como un misógino, pero es que las cosas debemos ponerlas en su verdadero contexto; acá cuando se puso este tema en la ventana pública del debate para empoderar a la mujer y erradicar de una vez por todas aquellas prácticas abusivas del hombre troglodita, abusador, el que golpea físicamente, el que producto de ese maltrato físico llega al feminicidio o femicidio, las crueles prácticas del maltrato verbal y psicológico, la marginación en el ámbito laboral y la exclusión de las mujeres de la clase política, sobre todo de los tomadores de decisión, hablo específicamente de reconocer los derechos de las mujeres en los espacios políticos para que representen, asuman el control del poder y de la autoridad, y que con su ingenio y capacidad ayuden a dirigir los destinos de nuestro país, creo que hasta allí todo está muy bien y es de aplaudirlo.
Nuestro país ha dado pasos firmes en esta materia y, de esa manera con la sana y correcta intención de erradicar las prácticas abusivas de un buen sector representativo de los hombres salvadoreños, después de finalizado el conflicto en 1995 el país ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la que conocimos como la Convención de Belem do Pará, en la que queda establecida la obligación de los Estados para incluir en la legislación interna las normas penales, civiles y administrativas, así como todas las acciones judiciales necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Este hecho permite que 15 años después el país dé vida a este convenio, y es cuando el 25 de noviembre de 2010 se aprobó por unanimidad el Decreto 520, que contiene 61 artículos que dan vida a la ya conocida Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, acción política de la Asamblea Legislativa y de los partidos que en ese momento la conformaban, entre los que se encontraban: ARENA, FMLN, PCN, PDC, GANA y Cambio Democrático.
Doce años pasaron ya desde la entrada en vigor de dicho marco normativo y habrá que hacer un alto en el camino para analizar si en verdad esta ley ha cumplido su propósito o si hay que hacer algunos ajustes tal como se establece en el artículo 131 de la Constitución, en el que se le da la atribución al Órgano Legislativo a aprobar, reformar, derogar o interpretar auténticamente las leyes, en consecuencia, los marcos jurídicos deben estar en consonancia con la realidad económica, política, social y cultural del país, revisar si no hay abusos en su aplicación o si revisando registros oficiales y de organismos protectores de los derechos de la mujer verificar si la ley cumplió el propósito por el cual fue introducida en la gama de leyes de nuestro país.
El caso de Johnny Depp y Amber Heard, actores reconocidos que protagonizaron recientemente un juicio en los tribunales norteamericanos, en el que existía en el parte demandas de ambos por sumas exorbitantes en concepto de responsabilidad civil; no obstante, había que probar la culpabilidad de un hombre supuestamente abusador, maltratador, misógino y, como decimos en buen salvadoreño, una bestia troglodita.
Sin embargo, de estar contra las cuerdas en un juicio mediático las pruebas que incriminan al actor comienzan a tener un golpe de mano a favor de este, ya que las pruebas dejaron claro quién era el agresor y quién el agredido.
Lo cierto es que la tendencia era a que dicho caso se resolviera a favor del actor por acciones que demostraron ante la jueza del caso que el abusado era él y no ella, como inicialmente se manejó, que se determina a Johnny Depp como la víctima del proceso después de ser intimado y señalado como el victimario.
El caso ya mencionado nos deja una lección, y es que no se debe abusar del esquema de derechos que protegen a las mujeres contra un supuesto agresor. Habrá que analizar varias cosas y se puede llegar inclusive al campo de la especulación, ámbito que, aunque no sea puramente científico, deja sentadas algunas bases del análisis.
Esto va desde convertir un caso judicial en mediático para elevar la imagen del actor hasta situarlo como un caso referente y hasta modélico de los abusos del cual algunos hombres podrían también ser víctimas; y cito el ejemplo de un profesor que producto de no haber promovido a una estudiante de bachillerato fue denunciado por agresión sexual en contra de la «menor», según se conoció después, compañera sentimental de un integrante de pandillas.
El citado profesor fue capturado, asesinado de manera civil y profesional y remitido a un establecimiento penitenciario donde, según la ley carcelaria, «la que no se ve a los ojos de la población», se le impuso el castigo por «violín».
Nótese, remitido por una jueza a guardar prisión, lugar donde fue violado y golpeado hasta casi dejarlo sin vida; días después falleció producto del brutal ataque perpetrado por los mismos internos y, posteriormente, se determinó que el citado profesor era inocente.
La pregunta es ¿quién se responsabiliza por una familia que se quedó sin un padre y un esposo, y el país sin un profesional?
Todo por un absurdo intento de aplicar justicia. Y como este caso muchos, incluso en los ámbitos laborales en los que se ha abusado de un derecho de manera errónea.
Cuántos Johnny Depp encontraremos en una vorágine de aplicación de una ley que buscando erradicar la violencia contra las mujeres se encuentra con otras víctimas, muchas veces inocentes, de un feminismo malinterpretado.
Hago la aclaración de que no me considero, desde ningún punto de vista, un misógino; más bien, un individuo seguidor de la verdad y de la justicia, de la igualdad y del respeto tal y como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 3, que literalmente dice: «Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de sus derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión».
Conocí de fuentes que merecen toda mi credibilidad que en el seno de la Asamblea se revisará dicho marco normativo y analizará si su aplicación en realidad es congruente con nuestra realidad, y creo que se debería de dar pasos en firme sobre esa base para reconocer que quienes impulsaron esa normativa fueron grupos ligados políticamente al FMLN que pretendieron incluso en ese momento despenalizar el aborto y otras aberraciones que revisando nuestra escala de valores no encajan en nuestra sociedad.
Queda abierto el debate sobre un tema que muy pocos nos atrevemos a que se conozca y se analice públicamente, sabedor de que encontraré voces disonantes al respecto.
