Luis Alfredo Maida, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) vincula en el escandaloso desvío de fondos públicos de $350 millones junto con Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, habría ayudado al exmandatario a articular una «donación» de armamento muy por debajo de su precio real.
Al igual que Funes, Maida también huye de la justicia y aparentemente estaría escondido en Chile. Este último formó parte del Estado Mayor Presidencial, pero lo dieron de baja a raíz de los señalamientos. Actualmente, Maida forma parte de las personas cercanas a Funes que se encuentran fugitivas de la justicia salvadoreña.
El exintegrante del Estado Mayor Presidencial se presentó por última vez a la Fuerza Armada un día antes de que la Fiscalía ordenara las capturas, incluyendo la suya, por el caso denominado Saqueo Público.
Este supuesto colaborador de Funes le habría entregado 80 armas que, según la Fiscalía, fueron adquiridas a un precio estimado de $215,000, pero que luego fueron donadas al expresidente por un valor «simbólico» de $1 por cada una.
Según la acusación del caso Saqueo Público, el mayor Luis Miguel García (también prófugo) y el exsecretario presidencial Francisco Cáceres utilizaron a tres miembros de la seguridad presidencial como prestanombres para adquirir las armas que luego, en un proceso de compraventa, traspasaron a Maida.
Además de participar en esas transacciones sospechosas, Maida fue señalado de no poder justificar su incremento patrimonial de hasta $60,084.84 en sus cuentas personales, según la Fiscalía.
Debido a sus implicaciones en la trama de corrupción, fue dado de baja por la Fuerza Armada en diciembre de 2018.
De acuerdo con la acusación fiscal, uno de sus papeles era hacer pagos a terceros y comprar boletos aéreos.
Tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía, en junio de 2018 la institución detalló: «El capitán del Estado Mayor Luis Alfredo Maida compró varias de las armas del expresidente Funes con dineros públicos. Primero las ponía a su nombre y luego se las donaba a $1 al exmandatario».
Para el ministerio público, los resultados de estas investigaciones concluyeron en que «el Sr. Maida no tiene la capacidad económica para adquirir un lote de 80 armas». La Fiscalía también aseguró que en 2014 «se formalizó dicha donación por medio de escritura pública ante los oficios notariales de Roxana Elizabeth Robles Zelaya, por un monto simbólico de $80».
La FGR ha insistido en que el desvío de fondos públicos hecho por Funes, parte de su gabinete, amigos y parientes fue ejecutado por medio de una cuenta denominada «gastos reservados» para su beneficio personal y de sus más cercanos. Estas conclusiones surgen de auditorías contables que dejaron en evidencia el cometimiento de los delitos de peculado y lavado de dinero y de activos.
Estos fondos públicos habrían servido para viajes de placer, compra de vehículos, alquiler de bienes para amigos y funcionarios de Funes, compra de armas de fuego por medio de prestanombres (aquí es donde aparece mencionado Maida, según el esquema de la investigación), compra de artículos de lujo, por mencionar algunos destinos que tuvieron dichos recursos públicos.
Entre los señalados en este proceso aparece el nombre de Luis Alfredo Maida, quien es acusado de los delitos de lavado de dinero y de activos.
