Control sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales, criminalización de la protesta social y persecución a fiscales que combatieron la corrupción: el sistema democrático navega por aguas turbulentas en Guatemala a pesar de que hay elecciones el domingo.
En los últimos tres gobiernos se han reducido «los espacios de la democracia» e introducido «medidas de tipo autoritario para el control del país», dice a la AFP Bernardo Arévalo, candidato presidencial de un partido minoritario centroizquierdista.
El hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) culpa de esto a los gobiernos derechistas de Otto Pérez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, cuyo mandato culmina en enero de 2024.
Dice que el resurgimiento del autoritarismo fue reacción de poderosos sectores políticos y empresariales a la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción, entre 2007 y 2019.
La CICIG nació bajo el gobierno derechista de Óscar Berger (2004-2008) y continuó con el socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Sus investigaciones llevaron en 2015 a renunciar a Pérez, condenado por fraude en aduanas.
Pero su sucesor, Morales, puso fin a la CICIG en 2019 y Giammattei no intentó resucitarla.
Además, Giammattei ha mantenido a la cuestionada fiscal nacional, Consuelo Porras, quien emprendió una campaña de persecución contra antiguos fiscales anticorrupción y funcionarios de la CICIG.
