L a diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión especial de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, defiende la base legal del trabajo que llevan a cabo para investigar el destino final de los fondos públicos que las anteriores legislaturas entregaron a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
La legisladora dice que esta investigación no es una «persecución política» ni «cacería de brujas», y advierte a los exfuncionarios que esta vez «no van a estar protegidos ni por el sistema judicial ni por los políticos de turno».
¿Cuáles son los hallazgos más significativos que se han obtenido de los citatorios que ha hecho la comisión especial que investiga la entrega de fondos a las ONG?
Nos hemos dado cuenta de que no únicamente estaban involucrados diputados de la comisión de hacienda, sino también diputados que en el pleno legislativo modificaban los dictámenes que se elaboraban en la comisión de hacienda.
Si bien es cierto que el presupuesto general de la nación pasa por manos de la Asamblea Legislativa, son los diputados quienes pueden modificar a su discrecionalidad ese mismo presupuesto.
Los diputados cercenaban ese mismo presupuesto a su discreción, decidían a qué órgano del Estado le iban a dar dinero y de esa forma empezar a darles dinero a esas ONG fachada. Estamos hablando de más de 300 ONG que están involucradas en este tema.
Por esa razón hemos iniciado a hacer citatorios con extécnicos de la comisión de hacienda, al exgerente [de Operaciones Legislativas], que después se convirtió en presidente de la misma Corte Suprema de Justicia, y también a las exdiputadas de la comisión de hacienda que tenían o fueron fundadoras de ONG e incluso esas organizaciones recibieron algún tipo de esos fondos.
¿Se ha confirmado que se ha hecho uso discrecional de los fondos?
Fue incluso una práctica de más de 30 años en la cual estuvieron involucrados ex primeras damas, exministros, exdiputados.
Dentro de la misma comisión nosotros hemos podido determinar varias modalidades que se daban a la hora de otorgar esos fondos. Primero, era el presupuesto general de la nación que llegaba desde Casa Presidencial, en el cual, mediante la Secretaría Privada de la presidencia, se decidía a qué ONG se les iba a dar dinero.
La segunda modalidad era la que se daba desde las mismas carteras de Estado. Estamos hablando de que los exministros hacían su presupuesto y establecían el monto que se les iba a dar de asignación a su cartera de Estado.
Por ejemplo, para Educación, $7,000 millones, pero $2 millones, por ejemplo, iban para ONG. La tercera modalidad que se daba para la asignación de fondos era la que se creaba desde la misma comisión de hacienda.
Estamos hablando de que los diputados decidían a qué ministerios les iban a quitar recursos. Ellos hacían una lista en la cual incluían a las mismas ONG que ellos habían fundado, las mismas a las que ellos pertenecían a las juntas directivas.
En la comisión de hacienda se aprobaba el dictamen, que posteriormente pasaba al pleno legislativo, y los diputados votaban por ese mismo presupuesto.
La cuarta modalidad era la que se daba dentro del mismo pleno legislativo. Es decir, los diputados decían: «Yo quisiera que se le dé x cantidad de dinero a una ONG», a la que obviamente ellos estaban directamente vinculados, y luego se hacía la modificación del dictamen que ya se había aprobado en la comisión de hacienda.
Obviamente, nuestra comisión está investigando el destino final de fondos que fueron otorgados por las anteriores Asambleas Legislativas, pero creo que es importante que todos los salvadoreños sepan que este mecanismo estaba incluso más allá de la Asamblea Legislativa y venía también legitimado por anteriores mandatarios.
¿Qué opina sobre que Lorena Peña dijo en su comparecencia que la comisión especial no tenía las facultades para investigar el destino final de los fondos, sino solo la Corte de Cuentas?
Al ser juez y parte al crear una ONG y estar en la comisión de hacienda no le da ninguna credibilidad a la señora Peña de estar mencionando qué cuestiones pueden ser legales y cuáles no. Los salvadoreños ya saben cuál es el papel que ha tenido la Corte de Cuentas en los últimos años.
La Corte de Cuentas ha dado finiquitos a presidentes que ahora han están en la cárcel, ha dado finiquitos a personas que ahora están huyendo de la justicia, como los dos expresidentes del FMLN.
¿La comisión ha identificado una base legal que facultara a los diputados a entregar fondos públicos a las ONG?
No existe un mecanismo que diga que los diputados, a discrecionalidad, pueden otorgar dinero a las ONG. Lo que habla la Constitución en su artículo 131, ordinal 32, es sobre la aprobación del presupuesto que se da, pero en ningún momento eso significa que los diputados van a poder utilizar antojadizamente y discrecionalmente esos fondos.
Estamos hablando de dinero que fue quitado a carteras de Educación, Seguridad, Salud. Los extécnicos que trabajaron en las comisiones de hacienda han sido categóricos y claros en mencionar que ni el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa ni la Constitución de la República ni la misma ley del presupuesto establecen que los diputados pueden, discrecionalmente, asignar recursos a las ONG.
Hace un par de meses, la comisión especial nombró un equipo de peritos, conformado por abogados y equipo técnico del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo ha sido el trabajo de ellos?
Estamos rodeados de personas capaces y desde su especialidad nos están aportando toda la documentación que nosotros les pedimos y necesitamos. Los abogados han estado dándoles seguimiento a los casos.
Ellos van a ser los encargados de presentar las pruebas a la Fiscalía General de la República una vez ya nosotros concluyamos la investigación, para iniciar los procesos correspondientes que tienen que ver en cómo se va a judicializar.
Nosotros estamos haciendo todo esto apegados al derecho, comprometidos con la verdad y la justicia, que deben prevalecer en nuestro país.
Hace unos meses se tomó la decisión de suspender la erogación de fondos a las ONG mientras se mantiene la investigación. ¿Este año ya no se reactivaría la entrega de los fondos a las ONG?
No. Mientras no concluyamos la investigación, ese dinero no se va a estar erogando. Espero que las buenas ONG que hacían su trabajo puedan entenderlo.
Se había hablado de una cifra de $243 millones que fueron entregados a las ONG en 11 años. ¿Esta cifra ya es mayor o se mantiene?
De 2011 a 2021 estamos hablando de $279 millones; sin embargo, cuando ya iniciemos las investigaciones y traslapen de 2010 a años anteriores, estoy segura de que el monto va a aumentar. Por el momento, únicamente estamos investigando esos períodos, pero esa cifra va a aumentar cuando ya iniciemos con 2010 y los datos históricos.
¿En la comisión especial han identificado cuántas ONG están vinculadas a partidos políticos o exfuncionarios?
Hay varias que han sido vinculadas a exfuncionarios, a exmilitantes de partidos, a exempleados de varios órganos del Estado.
¿Son más de 50?
Estamos hablando, probablemente, de más de 50 ONG. Son 360 a las cuales se les dio dinero.
¿Avizoran ya el cometimiento de algún delito a raíz de esta práctica que se hizo de extraer fondos del erario para beneficio propio o partidario?
Además de estar hablando de un grave conflicto de interés, ellos incluso pudieron haber cometido delitos de negociaciones ilícitas, cohecho, actos arbitrarios. Estamos hablando de que ARENA y el FMLN se ponían de acuerdo para estarles dando dinero a sus ONG fachada, organizaciones que sirvieron para la contratación de activistas, para campañas políticas.
Dentro de la misma investigación hemos podido vincular que personas que estaban dentro de las juntas directivas de las ONG eran diputadas. Estamos hablando, por ejemplo, de la exdiputada Cristina Cornejo, que era parte de la junta directiva [de la ONG] y era parte de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
En la última plenaria aprobaron la imprescriptibilidad y retroactividad para los delitos de corrupción. ¿Esto significa que las irregularidades en la asignación de fondos que fueron cometidas hace más de 10 años aún se pueden investigar?
Que los exfuncionarios sepan que ahora no van a estar protegidos ni por el sistema judicial ni por los políticos de turno. Muchos de esos exfuncionarios ya no van a poder ser judicializados porque pidieron asilo en otros países. No tuvieron la valentía, el coraje y el compromiso con sus adeptos, que ahora siguen defendiendo a esos partidos moribundos que son ARENA y el FMLN.
¿Qué mensaje da a aquellos sectores que dicen que la comisión especial es una forma de persecución política?
El término persecución política es el favorito de esas personas que ahora están huyendo de la justicia, de los que no quieren responder por los actos de corrupción.
Esto no es una persecución, no es una cacería de brujas. Lo que estamos haciendo es un trabajo serio que está mandatado por la misma Constitución, en el reglamento de la Asamblea y por el compromiso con los salvadoreños
