El exdiputado suplente del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, procesado por lavado de dinero y sobornar a 21 alcaldes y regidores, creo cuatro «empresas de papel» o fachada, para blanquear el dinero de la adjudicación de proyectos municipales que tenían el denominador común de amaño de licitaciones a cambio del 10% de la obra, según la Fiscalía.
Ese mecanismo corrupto de otorgamiento del 10% a los alcaldes es reforzado en el juicio con declaración de testigos, entre ellos, el exalcalde de Berlín, Usulután, Ramón Ernesto Palma, a quien la Fiscalía criterio y le tomó declaración antes que falleciera.
«Ese 10% era un acuerdo al margen de la ley, en el cual el señor Roberto Silva Pereira, ofrecía por lo menos un 10% sobre el valor del monto de la obra a desarrollar», explicó uno de los fiscales.
El representante del ministerio público detalló que antes de someterse a licitación pública un proyecto, ya había un acuerdo entre el exdiputado y los alcaldes, se seguía el proceso para hacer ver que se había seguido el procedimiento, pero bajo la mesa, Silva Pereira ya tenía garantizado que sus «empresas de papel» iban a ejecutar las obras.
Cuando ya se le había adjudicado el proyecto y desembolsado el dinero, Silva les entregaba el 10% del monto a los alcaldes, dependiendo de la magnitud de la obra, así era el monto a entregar, cada uno de los sobornos están documentados, según la Fiscalía.
Las empresas de fachada que el ministerio público señala son: Caminos y Edificaciones (CED) y Proveedores y Constructores de Obras Viales, Eléctricas y Civiles (Provecon), R y N Constructores que significa Roberto y Nora, nombres del exdiputado Silva y de su esposa, Nora Emely de Silva y, la Sociedad T Construcciones y Supervisión.
R y N Constructores, a finales del año 2006, recibió $223,000 por la ejecución de una obra de la alcaldía de Santa Ana. El exdiputado y su esposa tenían como representante legal a Isaí Loza Aguilar, quien fue procesado por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica.
Las sociedades fachada fueron constituidas por medio de un notario y las inscribieron en el Registro de Comercio, pero nunca volvieron a sacar la matrícula de la empresa y tampoco reportaron un domicilio.
Además, algunos socios eran prestanombres o testaferros ya que Silva Pereira utilizó esa mecanismo para legitimar el dinero que obtenía ilícitamente, según la Fiscalía.