Mientras que en El Salvador el Gobierno del presidente Nayib Bukele logró reducir al mínimo las extorsiones a comerciantes, taxistas, empresarios del transporte colectivo, ventas formales e informales, en Guatemala y Honduras han experimentado incremento de víctimas por este delito que sigue afectando a la población, principalmente a los sectores productivos.
En septiembre de 2023, dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte aseguraron que están 100 % libres del pago de la extorsión que por décadas se vieron obligados a entregarles a los mareros; no fue hasta que el actual Gobierno implementó la guerra contra las pandillas con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción que este delito, al igual que los homicidios contra empleados de ese sector, cesó.
Cada año los transportistas entregaban entre $19 millones y $25 millones a las estructuras de pandillas en pago de extorsión. Actualmente ni siquiera se han registrado atentados armados de maras contra el sector. La inseguridad provocada por esos grupos dejó de ser un problema.
Honduras: más de 20,000 familias extorsionadas
Honduras ha tenido momentos críticos durante 2023 luego de que medios locales dieron a conocer la suspensión del transporte colectivo de varias rutas por causa de la extorsión y que, además, durante el año más de 20,000 familias habían sido víctimas de los extorsionistas.
En un informe dado a conocer este año por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se revela que el 76 % de las víctimas que fueron extorsionadas no lo denunciaron a las autoridades. El estudio también consigna que hasta mayo se efectuaron más de 8,000 detenciones en el marco de la guerra contra la extorsión, pero que, sin embargo, únicamente 86 casos se habían judicializado.
El incremento de víctimas por este delito obligó en 2022 al Gobierno catracho a implementar estado de excepción. Un estimado de 20,000 policías fueron desplegados en barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula para combatir pandillas y otros grupos criminales.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que trabajarán para erradicar las extorsiones y para recuperar los territorios controlados por el crimen organizado. «La Policía Nacional debe recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas», manifestó la mandataria durante una cadena nacional.
Una investigación de Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) revela que, pese a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno hondureño para contrarrestar la delincuencia, dicha nación en 2023 aún tiene el mayor índice de criminalidad de la región centroamericana, el quinto en Latinoamérica y ocupa el decimotercer puesto a escala mundial.
Guatemala: solo el 35 % de las víctimas extorsionadas denuncia
El crimen organizado y las pandillas también han golpeado a los guatemaltecos durante 2023. Un estudio desarrollado por la revista «Diálogos» sobre el comportamiento de las extorsiones en dicha nación detalla que de enero a junio de este año se registraron 7,633 casos de extorsión, de los cuales 1,477 ocurrieron solo en junio.
El informe consigna que únicamente el 35 % de guatemaltecos denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de extorsionistas, el 65 % restante prefirió no hacerlo.
Datos del Ministerio Público detallan que las denuncias por extorsión en Guatemala durante 2015 fueron 5,151, pero que al cierre de 2022 se registraron 14,491, teniendo el pico más alto en 2019, cuando se reportaron 15,945 denuncias por ese delito.
En octubre pasado, empresarios del transporte colectivo externaron su preocupación por los constantes ataques armados, extorsiones y asesinatos hacia empleados del sector, principalmente conductores que circulan en ruta Atlántico en dirección hacia los departamentos de Petén, Izabal y Alta Verapaz, donde son interceptados por criminales de la pandilla 18.
La negativa a pagar la extorsión a los terroristas cobró la vida de un chofer de 65 años el 14 de octubre. Este circulaba por el km 12.5, zona 25 de la Ciudad de Guatemala, mientras que el 22 de mayo otro motorista, de aproximadamente 60 años, fue acribillado en la zona 24.

Representantes de la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala dijeron que a pesar de que los empresarios pagan la extorsión, los ataques armados no cesan.
El delito de extorsión figura entre los principales indicadores de inseguridad y violencia en Guatemala dados a conocer por la Policía, y hasta agosto de ese año aumentó un 17 % en comparación con 2022.
Un informe dado a conocer por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) revela que el alza de las extorsiones se registró en 13 de los 22 departamentos de Guatemala, siendo Retalhuleu donde el incremento de este delito ha sido del 367 %, seguido de Chiquimula, con 151 %, y en Totonicapán es del 144 %.