La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la organización Cristosal opinaron que el control de las zonas fronterizas del país podría tener algún interés político.
El 20 de octubre pasado el presidente de la república, Nayib Bukele ordenó al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy que duplicara «la presencia militar en los puntos ciegos de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio», departamento de Chalatenango.
El director ejecutivo de Fespad, Saúl Baños señaló que detrás de este control puede existir un «interés político electoral» de cara a las elecciones del próximo año. El 28 de febrero de 2021 la población salvadoreña mayor de 18 años elegirá a los diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a los concejos municipales.
«Pareciera ser que el interés es otro (…) Chalatenango, la mayor parte, históricamente ha estado gobernado por el partido de oposición, por el FMLN. Posiblemente haya algún interés, hoy que estamos en campaña preelectoral, un interés político electoral», señaló el director ejecutivo de Fespad.
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La directora del Sistema de Monitoreo Regional de Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti valoró que el uso de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública representa una «desnaturalización» de la institución castrense.
Según Montti, el trabajo de seguridad pública debe estar solo en manos de la Policía Nacional Civil, institución creada con los Acuerdos de Paz de 1992, y no de los soldados.
