El Gobierno de El Salvador ha cumplido 22 meses de gestión, y de igual forma el lanzamiento y la ejecución de la estrategia de seguridad denominada Plan Control Territorial, el cual ha generado logros y avances significativos en la seguridad pública y ciudadana, de igual manera registros inéditos en diferentes rubros delictivos y criminales.
El Plan Control Territorial es medible, sin lugar a dudas, por medio de la evidencia empírica y una serie de indicadores. Pero para esto hay que tener una disciplina en dedicarle tiempo y esfuerzo a la investigación académica, tener conocimientos sólidos en materia de seguridad pública y ciudadana, estadística, conocer cómo funciona el sistema del sector justicia en nuestro país, y el marco histórico referencial del siglo pasado. Quienes expresan que no se puede medir cometen un grave error, ya que la evidencia sobre violencia, crímenes y delitos está a disposición de fuentes policiales, fiscales, del Instituto de Medicina Legal, de los juzgados a escala nacional y del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La Asamblea Legislativa saliente 2018-2021 le negó el financiamiento a la estrategia de seguridad del Gobierno, por considerar que afectaba al presidente Nayib Bukele, al gabinete de seguridad, a la Policía Nacional Civil, como una estrategia electorera y de lo más bajo, considerando que si bajaban los homicidios y los delitos y mejoraba la seguridad les afectaba en sus intereses políticos electorales, por eso era mejor en su lógica perversa que se quedaran sin recursos, mantener a los miembros de la primera línea de seguridad sin incrementos de salarios, con atrasos en bonos, en régimen alimenticio y otros beneficios.
Los ministros de Hacienda, de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional; el director de la PNC y el director de Reconstrucción de Tejido Social se presentaron durante los meses de gestión de 2019 y enero de 2020 a las diferentes comisiones legislativas a exponer, explicar, justificar, detallar cada partida de las diferentes fases del Plan Control Territorial sin ser atendidos los requerimientos, las solicitudes y sin autorizar ni siquiera la búsqueda de fuentes de financiamiento para posibles negociaciones de las condiciones crediticias.
A los diputados electos les brindo un resumen de orientación, para la implementación se requirieron $575.2 millones, de los cuales $200 millones serían financiados por el BCIE. Estos fondos se dividen en dos préstamos: uno por $91 millones para la fase II, que se le denomina Oportunidad; y el otro préstamo, por un valor de $109 millones para la fase III denominada Modernización. El detalle del crédito puedo compartir es $25.9 millones para equipamiento, infraestructura, y videovigilancia; $46.9 millones para movilidad estratégica, $2.6 millones para equipa[1]miento, mobiliario médico, infraestructura; $17.4 millones para equipo táctico; $12.9 millones para equipos médicos, $3.3 millones para la administración y supervisión del préstamo.
A tres semanas de iniciar la nueva legislatura y con la mayoría calificada del partido Nuevas Ideas, es mi respetuosa solicitud que una vez se desarrolle la sesión de instalación, se inicie el trabajo de revisión de toda la documentación, respaldos, presupuestos, partidas, grabaciones, audios, actas, ayudas, memorias; y puedan mantenerse abiertas y en emergencia las diferentes comisiones que se definan con un posible nuevo reglamento interior de la Asamblea Legislativa que revisarán y emitirán el dictamen favorable para las autorizaciones respectivas y aprobación de gestiones de trámites de préstamos y de fondos para el Plan Control Territorial en el pleno legislativo.
Los fondos para el Plan Control Territorial han esperado casi dos años, no se puede permitir más pérdida de tiempo. De ser necesario, reunirse todos los días hasta firmar el dictamen y pasar al pleno que se debe mantener en sesión abierta al menos en mayo para resolver el retraso; o convocar a más de una sesión plenaria semanal y erradicar el bloqueo absurdo que desarrollaron y que, en mi opinión, es la causa principal de su derrota legislativa con esa manera tan aplastante y humillante.
