En el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, la Fiscalía acusó este viernes a 14 miembros de una red de corrupción que en el gobierno anterior estuvo delinquiendo desde el interior de CEPA en el Puerto de Acajutla, Santa Ana.
La fiscal del caso dijo que entre los imputados hay cinco miembros de la Mara Salvatrucha, los demás, son empresarios, funcionarios y exempleados de CEPA, para quienes ha pedido que sigan en prisión.
En la solicitud de imposición de medidas se les atribuye los delitos de cohecho activo, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
Los procesados son: Emérito de Jesús Velásquez, exgerente general de CEPA, José Antonio Rodas, empleado de la alcaldía de Colón, Daniel Enrique Vides, jefe de Recursos Humanos de la autónoma en Acajutla, Roberto de Jesús Mendoza, gerente CEPA Acajutla, el empresario de transporte Manuel Enrique Peña, Juan Carlos Deras Tobar, gerente de CEPA Acajutla, David Melquisedec Castillo, secretario STIPES, René Mancía, de Servigran y José Andrés Ortega, empleado de transporte.
Según el ministerio público, el exgerente de CEPA, Emérito de Jesús Velásquez, habilitó una gran cantidad de plazas durante las administraciones pasadas, hasta el 2018, al interior de CEPA para beneficiar a miembros de la Mara Salvatrucha.
La investigación comienza cuando un informante alertó que dentro de CEPA Acajutla, se estaban dando una serie de hechos. «Más que todo la corrupción y el ingreso de pandilleros de la Mara Salvatrucha que estaban ingresando a laborar ahí, de la Mara Salvatrucha de la ala de Ahuachapán», explicó la representante de la Fiscalía al momento de presentar la acusación.
Se estableció que uno de los cabecillas de esa estructura a través de un contacto que tenía dentro de CEPA Acajutla, lograba que se contrataran a mareros y sus familiares.