Para nadie es secreto que los gobiernos del FMLN le causaron a los salvadoreños daño igual o peor que el generado por los mareros, pues en la década en que gobernó este partido los prófugos Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén permitieron que la cantidad de pandilleros se incrementara a niveles exponenciales, al punto que tomaron el control de las cárceles, las comunidades y los cabecillas de estas estructuras gozaban de todo tipo de privilegios que los gobiernos de turno les permitieron.
El pasado lunes, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que fue en 2013 cuando los grupos terroristas se fortalecieron con la tregua entre pandillas que avaló Mauricio Funes, la cual era presentada por el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, como una «política de Estado».
Villatoro sostiene que «los gobiernos anteriores les entregaron a estos grupos terroristas» todo el territorio salvadoreño, pues, aseguró que «el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes en 2013, con el apoyo de los organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales, permitió un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino de ´clicas, canchas y programas´ [estructuras de maras instaladas en colonias y comunidades]».
Los señalamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador indican que tanto Funes como Munguía Payés fueron los principales promotores de la tregua entre criminales a la que falsamente otros auto denominados «mediadores», que ahora están presos, como Raúl Mijango [condenado en 2018 a 13 años por extorsión] denominaron como un «proceso de pacificación».
Las investigaciones fiscales en torno a la tregua revelaron que fue ideada por el primer gobierno del FMLN para, supuestamente, reducir la cifra de homicidios que para el 2012 superaba los 30 por día, a cambio, la administración de Funes mediante sus funcionarios de seguridad se encargarían de proporcionar todo tipo de privilegios a los mareros que iban desde organizarles fiestas con bailarinas y prostitutas en las cárceles, la instalación de pantallas de televisión, ingreso de celulares, droga hasta la colocación de cabinas telefónicas desde donde los mareros efectuaban más de 10,000 llamadas sin ningún tipo de control ni restricción.
Además, las autoridades de turno se mostraron sumisos con los cabecillas de las pandillas y accedieron a trasladarlos de prisiones de máxima seguridad a cárceles con menor vigilancia, desde donde ordenaban asesinar a salvadoreños, extorsionar a comerciantes y atentar contra la vida de policías, soldados y vigilantes penitenciarios.
El gobierno de Funes también accedió a entregar municipios enteros a las pandillas, inicialmente se conoció que fueron 11 y les denominaron «santuarios», esto permitió que las estructuras terroristas se incrementaran a más de 75,000 mareros. En septiembre de 2013 Funes justificó la tregua entre criminales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y confirmó que facilitaron ese proceso al que se unió la OEA como observador.
En su discurso ante Naciones Unidas, admitió ese «pacto de no agresión entre pandillas rivales», que facilitó su gobierno.
En abril del año pasado, la exinspectora de la Policía en el Gobierno de Funes, Zaira Navas, afirmó que «No es de negociar con ellos [las pandillas] de espaldas a la población y tampoco es de matarlos y eliminarlos, porque no solo se trata de eliminar a los pandilleros activos. Estamos hablando de familias completas que van por tercera generación, y hasta cuarta, que tienen uno o varios miembros de pandillas que dependen económicamente de ellas», para justificar que esos grupos extorsionen.
Según Navas, «las pandillas tienen toda una base social, en las que familias enteras dependen de los ingresos económicos que obtienen estas estructuras». Según lo han recalcado las autoridades de seguridad pública, las pandillas obtienen dinero de extorsionar y del tráfico de drogas.
Y si bien, en 2012 hubo una leve reducción de homicidios, la cual fue aplaudida por organizamos internacionales -que se mostraron a favor de que entre mareros no se mataran- a los que el gobierno de Funes presentó como un proceso de «paz», el cual duró poco, pues a partir de ese año los asesinatos se incrementaron exponencialmente siendo el 2015, bajo la gestión de Sánchez Cerén, el año con mayor número de homicidios con total de 6,656.
«El ideal de estos organismos internacionales lo ven reflejado en 2015 cuando teníamos una tasa homicida de 106.3 salvadoreños por cada 100,000 habitantes», afirmó el ministro Villatoro en la presentación de resultados de los planes de seguridad durante el 2022.
Las investigaciones determinaron que la negociación entre delincuentes, que el gobierno del FMLN bajo el mando de Funes avaló, hizo que sus estructuras se reorganizaran, se fortalecieran e implementaran nuevas modalidades para cometer crímenes.
La tregua también les permitió a las pandillas adquirir armamento para enfrentar a las fuerzas de seguridad y que los mareros fueran entrenados en polígonos de tiro del Ejército, como parte de los beneficios otorgados por el gobierno de Funes.