Durante el presente siglo, se construyó una red de abogados penalistas muy conocidos en diferentes tribunales que utilizaban diferentes tácticas dilatorias para ganar tiempo a favor de criminales, delincuentes, pandilleros, políticos, exfuncionarios, personas de apellidos rimbombantes, de sociedades anónimas, de corporaciones, de grandes empresas, de transnacionales y otros, aprovechando vacíos legales que no son casualidad, que fueron autorizados y votados por diferentes conformaciones en la Asamblea Legislativa al menos desde 1998.
Esta red no solo se aprovechaba de estos verdaderos portones legales, sino de un grupo de jueces y juezas de diferentes tribunales y otras instancias superiores que cedieron ante las propuestas corruptas de compra de sentencias y sobreseimientos definitivos. Esta triste realidad no era un secreto y, en lo personal, en prensa, radio y televisión lo expuse toda la década anterior sin resultados, pero desnudé la trama de este grupo de abogados, incluyendo a abogados denominados corporativos que tenían influencia, acceso y poder a diferentes salas porque aseguraban el éxito desde lo más alto; es más en muchos casos les decían a los criminales y delincuentes que no se preocuparan que el «perno», «clavo» (caso jurídico penal) era grande y, por ende, era de alto costo, todo para cobrar más, no porque los funcionarios corruptos pidieran más. De igual manera, operaba esa red corrupta «así como es el sapo, así es la pedrada», ya que políticos, personalidades, funcionarios acusados de delitos sexuales y violencia intrafamiliar estaban a la altura de jefes de pandillas.
Una de las estrategias utilizadas por este grupo de abogados defensores era la renuncia el mismo día de las diferentes audiencias, en especial en la vista pública. Esto afectaba el desarrollo de la diligencia, ganaban tiempo, retrasaban, dilataban lo más posible, presentaban los escritos el último día en los últimos minutos para lograr llegar al plazo de 24 meses sin que se recibiera la sentencia, con las consecuencias jurídicas que eso implicaba, poner en libertad a los imputados.
Las reformas aprobadas la semana anterior por la Asamblea Legislativa con 24 reformas del Código Procesal Penal lograrán la continuidad de los procesos judiciales. Además, se establece que estas conductas se exponen a ser investigadas y sancionadas por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia.
Se establece una nueva etapa y avances significativos para erradicar la impunidad, se acabaron las suspensiones y reprogramaciones de vista pública entre dos y cinco ocasiones, así como los abogados que compraban justicia y la vendían a los imputados. Esta es la verdadera razón de los cambios en el sistema judicial, se avanza en el combate de la corrupción y la impunidad con reformas de ley.