El Estado ejerce su soberanía cumpliendo con su deber. El deber de proteger al pueblo, defender a la ciudadanía, hacer realidad el libre tránsito; lo que jamás se ha hecho en toda la historia de El Salvador. Solo se han creado y mantenido las leyes del más fuerte, del poderoso, de los amos del país y el salvadoreño solo ha servido de escudo para los atropellos, los abusos y las guerras que les han servido a ellos, los amos, para explotar a su antojo al pueblo. El que no está de acuerdo con ellos lo envían directo o lo dejan a merced de los escuadrones de la muerte ayer, o a las organizaciones criminales hoy. Roque Dalton nos decía: «¿Cuál es la lección para el presente?, la lucha del pueblo siempre ha tenido vientos fuertes en contra, muchas veces originados en las capas más ranciamente reaccionarias de la oligarquía nacional. En la época de la independencia se trataba de “realistas” que querían seguir como súbditos de la corona española. Hoy día la oligarquía capitalista dependiente está más que contenta operando bajo la égida de Washington. ¿Lealtad hacia la auténtica nación salvadoreña? Ninguna, y como en los albores del siglo XIX siguen dispuestos a armar y dirigir milicias paramilitares […]», o mantener, hacerse los desentendidos con las organizaciones ilegales mientras el país es reprimido, renteado, inmovilizado en sus procesos de construcción civilizadora. Hoy esos procesos de construcción de un verdadero país libre, democrático y limpio de impurezas políticas corruptivas están en manos de un Gobierno que pone sus esfuerzos más significativos en beneficio del bienestar social: lo que está haciendo es justicia.
La verdadera guerra la hacen en las sombras como lo han hecho siempre, resguardados por la complacencia de los políticos de turno, muchas veces hasta cómplices de esas fechorías.
Sobre todo, lo más importante en este nuevo Estado es que el ciudadano ha encontrado en el Gobierno la confianza y la seguridad para denunciar a quienes lo acosan y mantienen a las comunidades en vilo, chantajeadas con la muerte si los denunciaban. Hoy el pueblo se siente con fuerzas y apoyo institucional para luchar contra la delincuencia.
El proceso de captura y encarcelamiento durante el tiempo de excepción ha sido cumplido de acuerdo con todos los protocolos que permite la Constitución. Pero en las redadas, en realidad, muchas veces caen justos por pecadores y entonces se complica al Estado la tarea judicial justamente por cumplir con toda la legalidad posible. Para ello tiene que hacer una exhaustiva investigación en cada uno de los casos por separado, de manera que se haga justicia y sean liberados inmediatamente quienes demuestran que no tienen ninguna vinculación con las organizaciones de las pandillas. Es un proceso que lleva un tiempo determinado debido a la comprobación y a las investigaciones individuales.
Es verdad que hay muchas atenuantes difíciles de dirimir porque no son siempre exactas y confiables totalmente las mismas denuncias que, por equivocación o desconocimiento de los informantes, o porque en las redadas y capturas muchas veces caen otros individuos que por casualidad se encontraban en el lugar. Todo esto es parte del proceso y de los objetivos finales, pero se van reparando, se van dilucidando en el camino. De manera que la ciudadanía debe tener la confianza de que al Estado no le interesa detener, perjudicar e involucrar a ningún ciudadano que no esté vinculado con esos estratos delictivos.
Hoy, por fin, se está haciendo justicia.