De los 33,800 pandilleros y colaboradores detenidos en el marco del régimen de excepción, 23,029 han quedado en detención mientras dure el proceso penal en su contra por delitos de crimen organizado, según un informe proporcionado por la Fiscalía General de la República.
Rodolfo Delgado, titular de la institución confirmó que el ministerio público ha presentado más de 500 solicitudes de imposición de medidas (requerimientos). Entre los acusados hay cabecillas de las estructuras en sus diversos rangos, colaboradores y los miembros activos entre los que hay sicarios y extorsionistas.
En las audiencias realizadas por los juzgados especializados de instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, los jueces determinaron que el delito de agrupaciones ilícitas que la Fiscalía ha atribuido a los imputados se ha configurado y por eso ordenaron que continuaran recluidos en los penales de Izalco, Mariona, Cárcel de Mujeres y otras penitenciarías habilitadas.
Para las agrupaciones ilícitas los jueces valoraron en un primer momento los tatuajes de los imputados lo cual evidencia su permanencia en las pandillas y pruebas documentales incorporadas a los expedientes que los vincula a esos grupos terroristas.
La Fiscalía también ha presentado cargos por delitos como homicidio, extorsión, privación de libertad, limitación ilegal a la libre circulación, tenencia ilegal de armas de fuego, proposición y conspiración en el delito de homicidio, extorsión agravada, hurto, robo, posesión y tenencia de droga, lavado de dinero y otros delitos conexos.
Los abogados defensores en las audiencias de imposición de medidas han solicitado desde sobreseimientos definitivos, provisionales y medidas alternas a la detención, pero los jueces han valorado que no es factible acceder a esas pretensiones por el tipo de delito que se les atribuye y además los arraigos presentados no son suficientes para garantizar que se continuarán sometiendo al proceso penal.