Alrededor de la práctica judicial existe una costumbre que obstaculiza el relevo generacional. Aunque cada año se gradúan millares de abogados en el país y muchos de ellos se preparan para fungir como jueces, lo cierto es que las plazas son limitadas y las opciones para sustituir a uno de estos funcionarios son muy pocas.
Gracias a los atractivos sueldos y prebendas que se implementaron en el Órgano Judicial, los que logran obtener una plaza difícilmente hacen espacio para que otros lleguen y ejerzan la profesión. Esto sucede incluso cuando ya ha pasado el tiempo de retirarse y continúan devengando un salario.
La corrupción que había proliferado impidió la renovación y la entrada de nuevos profesionales con cargos remunerados. Lo que perversamente se implementó fue la práctica de los «meritorios», que se traducían en largas pasantías en las que graduados de las ciencias jurídicas comenzaban a trabajar en un juzgado para ganar experiencia con la esperanza de lograr una plaza.
Sin embargo, después de años de aprendizaje y de inversión en transporte y alimentación, cuando una plaza se abría, iba a parar a los allegados del juez o la jueza.
Los hijos o parientes de un juez eran contratados por otro juzgado para saltarse la disposición legal de no emplear a familiares en la misma dependencia. El favor se pagaba de la misma forma, es decir, con placas para los parientes de otro juez. Mientras tanto, a los profesionales capacitados que habían hecho méritos, habían aprendido el funcionamiento del tribunal y habían trabajado sin sueldo se les consolaba con «al menos ha ganado experiencia».
La nefasta práctica anterior se eliminará con las reformas a la ley del Órgano Judicial aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa el pasado 1.º de septiembre, que ya son ley desde la semana pasada al ser publicadas en el «Diario Oficial». Las reformas de ley plantean regular los ingresos, los traslados y la cesación de los jueces y magistrados de las cámaras del Órgano Judicial. Además, los ascensos serán con base en «méritos y actitud» y se garantizará la estabilidad laboral.
Las nuevas disposiciones permitirán implementar una postergada depuración judicial, eliminarán las malas prácticas y reconocerán a los buenos elementos. De manera que se garantizará que la justicia se asiente precisamente en estas dependencias encargadas de administrarla.
Desde donde se vea, es positivo. Los únicos que se opondrán serán aquellos que verán desmontado su sistema de privilegios.