El Gobierno del presidente Nayib Bukele inició al final de la semana pasada el traslado de los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad más grande del continente americano.
Más de 64,000 integrantes y colaboradores de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo han sido detenidos durante la vigencia del régimen de excepción y como parte del Plan Control Territorial del Gobierno del presidente Bukele.
El Cecot es una prisión construida con altos estándares de calidad internacional para que los que sean recluidos en su interior realmente paguen por los daños que causaron a la sociedad salvadoreña.
El pueblo salvadoreño sufrió durante décadas el terrorismo de las pandillas en las comunidades de todo el país, en donde cometían todo tipo de crímenes y controlaban ingresos, salidas y movimientos de las personas ante la indiferencia e incluso complicidad de los políticos de ARENA y del FMLN, que llegaron a pactar con estas organizaciones delictivas para lograr beneficios electorales.
El estricto régimen de confinamiento al que serán sometidos estos criminales tiene el respaldo de toda la población salvadoreña e incluso el reconocimiento positivo de muchos sectores más allá de las fronteras nacionales, que lo ven como un acto de justicia y de compensación a la sociedad por los daños causados.
Por primera vez en la historia, ahora sí se les da importancia a los derechos de la víctimas más que la protección de los delincuentes, como sucedía en el pasado, cuando se les organizaban fiestas con alcohol, drogas, discotecas y prostitutas a los pandilleros recluidos en los centros penales.
En los tiempos de ARENA-FMLN, las cárceles eran dominio de las pandillas, sus centros de mando para los crímenes que se cometían en barrios y colonias. Todo cambió cuando el pueblo eligió al presidente Bukele, quien eliminó los privilegios de los criminales para que de verdad pagaran por sus fechorías.
Gracias a todas estas acciones, El Salvador es ahora el país más seguro de América, con una reducida tasa de homicidios y extorsiones, lo que permite que las empresas y los ciudadanos trabajen con una tranquilidad que nunca en la historia habían tenido.
Ni siquiera los aliados de las pandillas pueden, a estas alturas, criticar la ejecución de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno. Eso sí, no dejan de defender a los criminales enviados a prisión, a los que siguen calificando de «presuntos pandilleros» a pesar de que están tatuados de pies a cabeza y de haber sido condenados por jueces.
