La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) respondió a la petición de los habitantes del caserío San Fernando, en el cantón San Pedro, Ciudad Victoria, Cabañas, ante la denuncia de que eran obligados por una persona a pagar contratos para obtener acceso a agua de un manantial.
El equipo técnico de la ASA acudió a la comunidad para documentar lo que sucedía. Según confirmó la autónoma, encontraron contratos de hasta $1,000 que contemplaban una duración de 10 años y que regulaban el acceso al manantial de agua.
La ley General de Recursos Hídricos establece en el artículo 1 que el agua no puede ser privatizada bajo ninguna condición o por cualquier instrumento.
En la visita, el equipo jurídico de la ASA constató que los pobladores firmaron contratos y pagaron para tener acceso al agua. Bajo la regulación de la ley de recursos hídricos, ningún particular puede vender, comercializar, regular o suspender servicios de agua potable, aunque el manantial esté en propiedad privada.
Entre las acciones inmediatas están que el propietario no puede suspender el suministro de agua potable y debe dejar de elaborar contratos fraudulentos que implique la venta por el uso del recurso.
Además, notificarán a la Defensoría del Consumidor para que brinde el acompañamiento a las personas que pagaron los contratos, con el objetivo de que recuperen el dinero que habían entregado.
El presidente de la ASA, Jorge Castaneda, remarcó que estas acciones son contrarias a la ley, por lo que seguirán el debido proceso para sancionar a quienes sin autorización comercializan el agua.
Además, velarán porque los habitantes tengan acceso a un sistema de agua potable digno, óptimo, adecuado y constante.
«En Cabañas, un terrateniente abusa de su poder, exige a familias humildes firmar un contrato de 10 años y pagar $1,000 por el uso de agua de un manantial. Esto viola el artículo 1 de la Ley General de Recursos Hídricos. Que les quede claro, el agua no puede ser privatizada», enfatizó.
A la vez, hizo un llamado a los notarios que hicieron los contratos y que violentan la normativa a abstenerse de esa práctica.
«Notarios, advertirles que, en caso de que celebren contratos, en donde se esté privatizando el agua en detrimento del derecho humano al agua, se le reportará a la sección de investigación profesional», remarcó.
El tribunal sancionador de la ASA conocerá el caso y los informes para determinar las medidas.
