El expediente tregua con pandillas, judicializado el 26 julio del año 2020 en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, señala que el expresidente Mauricio Funes, avaló ese proceso ilegal y tuvo conocimiento pleno de los ilícitos que se cometían, pero no hizo nada ya que solo buscaba tener una buena imagen.
El pacto con las pandillas otorgó beneficios económicos, privilegios en las cárceles y los cabecillas de estas estructuras eligieron 11 municipios que denominaron «santuarios» y que el gobierno les entregó en ese proceso ilegal, y permitió el crecimiento de estos grupos terroristas en más de 60,000, incluso, en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre del año 2013, Funes justificó la tregua con las pandillas.
Los testimonios y abundante documentación recopilada por la Fiscalía encaminan el caso hasta la fase final del proceso penal donde el exmandatario con siete órdenes de captura y asilado en Nicaragua podría ser condenado por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, debido a que con sus acciones promovió, facilitó e impulsó a las pandillas.
El 10 de agosto del año 2017, cuando David Munguía Payés llegó a declarar como testigo al Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador dijo que Funes avaló la tregua con pandillas y que era parte de una política de gobierno.
En ese momento Munguía Payés, había sido protegido por los gobiernos del FMLN pues pese a todos los señalamientos de testigos y que él mismo había admitido un papel protagónico en la tregua, no lo habían procesado.
El 19 de mayo del año 2017, durante la audiencia preliminar contra 18 acusados de la tregua con pandillas un peritaje desarrollado por un analista operativo de la División Antipandillas de la Policía y la declaración de un testigo criteriado [que colabora con la Fiscalía] confirmaron que los beneficios de la tregua llevaron a los cabecillas a fortalecer su accionar delictivo.
La tregua sirvió para que las pandillas, se reorganizaran y fortalecieran; implementaran nuevas estrategias y modalidades para delinquir y que los cabecillas retomaran el control que habían perdido por estar en un encierro especial en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, dijo a la Fiscalía el testigo criteriado Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias, «Nalo de Las Palmas», un cabecilla de la Pandilla 18.
La tregua permitió a las maras adquirir armamento para enfrentar a las autoridades y recibir adiestramiento en polígonos de tiro del Ejército, esos fueron algunos de los beneficios que el gobierno de Funes otorgó entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
Señaló que las reuniones con funcionarios del gobierno de Funes les facilitó planificar actividades ilícitas que debían ejecutarse ya que César Daniel Renderos, alias, «El Muerto de Las Palmas» les aclaró que la tregua iba finalizar y que, para ese momento, la pandilla debía estar preparada.
Funes, al haber autorizado la tregua permitió que las pandillas mejoraran sus finanzas y compraran armas, entre ellos fusiles y adiestrarse en el uso y manejo para enfrentar a la fuerza policial.
Negociaron impunidad
En las pesquisas hechas y declaraciones de testigos también se menciona que los jefes de pandillas que estaban recluidos plantearon al gobierno de Funes como punto de honor, de que todo aquel pandillero detenido mientras estaba en vigencia la tregua tenía que ser puesto en libertad por la Policía.
Ese privilegio pactado con el gobierno en el año 2012 fue denominado por las pandillas como «impunidad».
«Nalo de Las Palmas», dijo que el penal de Mariona les sirvió para fortalecer sus planes de expansión, mientras el gobierno y los mediadores de la tregua pensaban que las reuniones solo eran para hablar sobre la reducción de violencia.
Para los cabecillas mareros, esos encuentros con funcionarios eran la gran oportunidad para instruir a los cabecillas en libertad sobre cómo mejorar y aumentar las extorsiones, comprar armas y droga, además adiestrar en el uso a todos los miembros.
