Pese a los resultados obtenidos en la reducción de homicidios y otros delitos, la desarticulación de estructuras criminales y la captura de 49,000 pandilleros a escala nacional, las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) insisten en eliminar el régimen de excepción y cuestionan que la medida sea prorrogada.
Para el Vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Nayib Bukele para salvaguardar la vida de la población frente a la delincuencia, principalmente, la generada por las pandillas está «viciado y corrompido»; además, cuestionó «¿Por qué extiende el estado de excepción este Gobierno?».
Serrano reconoció, no obstante, que la población ha dado su respaldo a esta medida que persigue criminales, y cree que por esta razón «La gente está contenta» y le sigue dando un «respaldo social» al Gobierno.
Según la misma UCA, a través de una encuesta dada a conocer en mayo anterior el 89.2% de la población salvadoreña considera que «el régimen de excepción es útil para reducir la delncuencia» en El Salvador.
Sin embargo, en el análisis presentado ayer por la UCA no se destacan los 170 días acumulados sin homicidios durante los últimos tres años, ni el clima de seguridad que los salvadoreños han experimentado a partir del encarcelamiento de miles de criminales que asediaban a ciudadanos honrados en las colonias, barrios y comunidades a escala nacional.
Las autoridades académicas presentaron, ayer en la mañana, un informe sobre los 100 días del régimen de excepción, el cual fue elaborado, basado en las publicaciones de medios de oposición al Gobierno que se muestran en contra de la estrategia de seguridad para encarcelar a los mareros.
El estudio también contiene información de «organizaciones» que se han mostrado en contra de que se apliquen fuertes medidas contra criminales argumentando «arbitrariedades». Muestra de ello, son las referencias tomadas de Cristosal, una organización que emplea a exfuncionarios que ejercieron en los gobiernos del FMLN.
Una medida legal y aplaudida por la población
En junio pasado, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la estrategia gubernamental cumple con todos los elementos legales que les permite la Constitución de la República, y aseguró que la población honrada no se ha visto afectada por el accionar de las fuerzas de seguridad como sí ha sucedido con los delincuentes.
«Las herramientas que nos ha dado la Constitución han sido bien utilizadas, no hemos transgredido el derecho de libre asociación del ciudadano normal, del que quiere ir a un concierto, a su congregación. Hemos tenido abarrotados nuestros centros vacacionales y culturales», afirmó el funcionario.
La población también se ha mostrado a favor de las medidas de seguridad, pues a través de las redes sociales ha denunciado a peligrosos criminales con amplio historial delictivo, información que constantemente ha sido retomada por las autoridades.
En una reciente entrevista, el ministro Villatoro explicó que las pandillas llegaron al punto de exigir a todo el que quisieran formar parte de sus estructuras salir a las calles a asesinar.
Hace unos días, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que las medidas implementadas en el régimen de excepción evitaron que los crímenes se quintuplicaran; agregó que este instrumento legal no viola los derechos humanos, como lo afirman supuestas oenegés que se lucran de oponerse al gobierno.
El funcionario expresó que los gobiernos anteriores nunca quisieron enfrentar a las pandillas porque tenían ciertos vínculos con los criminales.
La forma en cómo las autoridades salvadoreñas han enfrentado a las pandillas hasta ha llamado la atención de otros países de Suramérica que ya comenzaron a replicar este tipo de medidas para proteger a sus pobladores de los delincuentes.