«En el sistema tradicional, más o menos, cada condena y estoy hablando nada mas de costos financieros, claro, lo más gravoso de esto es el costo en vidas humanas que perdimos de testigos y víctimas, pero una condena al Estado salvadoreño le costaba aproximadamente $4 millones, condenar a un delincuente, es completamente excesivo», así lo afirmó ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro al detallar sobre el ahorro de recursos que tendría el Estado con la nueva Ley Contra el Crimen Organizado.
El funcionario indicó que con el sistema de justicia tradicional incrementaron los costos al Estado en todo ámbito, pero lamentó que el costo más cuestionable fue el de las vidas humanas perdidas por el «sistema de justicia penal perverso».
Villatoro explicó que, en el Código Penal de 1974, los jueces de lo penal dirigían la investigación, procesaban a los imputados, celebraban las vistas públicas, condenaban o absolvían, pero además después de la condena vigilaban el cumplimiento de la pena.
«Pero después viene la reforma perversa donde lo mejor es distribuir la responsabilidad y se inventan cuatro gradas para hacer justicia. Primero tengo que llegar ante un juez de paz a presentar el requerimiento, ese juez de paz pasa la causa a uno de instrucción que también tiene sus tiempos para celebrar la audiencia, luego se lo pasan a un tribunal de sentencia, luego, una vez condenado, ellos, si no hay apelación, le pasan el caso a un juez de vigilancia penitenciaria», detalló.
Con la propuesta de reforma se plantea un tribunal de crimen organizado «pluripersonal» con tres jueces que van a conocer todo el proceso, independiente los casos, hasta llegar a la condena.
En los $4 millones que reveló el ministro Villatoro se incluyen los estudios previos para reformar la ley, «focus group» con especialistas, hacer la propuesta de reforma, luego el análisis de la Asamblea Lagislativa, para que una vez aprobada la Corte Suprema de Justicia la socialice (capacitaciones), y para que los jueces la apliquen.
También en los costos se incluye todo el entramado de lo que Estado gasta para llevar a la cárcel a un pandillero: investigar, capturarlo en operativos, llevarlo con seguridad a los juzgados, darles de comer en las cárceles mientras son procesados, entre otros.
Había pocos juzgados especializados antes del régimen.
En una entrevista, el ministro Villatoro manifestó que era inconcebible que hubiera, por ejemplo, 350 jueces para delitos comunes cuando el gran problema o el enemigo de la ciudadanía eran las estructuras de pandillas y solo había uno o dos jueces especializados.
De hecho, antes de la implementación del régimen de excepción solo existían 10 juzgados especializados en todo el país: en San Salvador había tres Especializados de Instrucción y tres de Sentencia, mientras que en San Miguel y Santa Ana solo existía uno, respectivamente.
Las actuales autoridades de la CSJ se han visto en necesidad de crear nuevos juzgados para procesar a los 52,500 pandilleros y colaboradores capturados.
