La Asamblea Legislativa aprobó esta semana aumentar las penas contra los cabecillas de las maras. Una de las reformas de la Ley Especial contra el Crimen Organizado aumenta de 45 a 60 los años que deberán permanecer los cabecillas de las estructuras criminales, debido a que son los que dan las órdenes para cometer delitos como homicidios, secuestros y extorsión.
Gracias al régimen de excepción, impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, más de 71,000 integrantes y colaboradores de pandillas han sido detenidos y enviados a prisión, lo que ha impactado positivamente contra estas organizaciones delictivas. Sin embargo, debido al crecimiento y la complejidad que llegaron a tener estas estructuras criminales, solo hasta que todos los mareros hayan sido detenidos se podrá superar el peligro de que vuelvan a operar.
Por décadas, las pandillas impusieron el terror en todo el país a través de violentos y macabros delitos, cebándose con la angustia y la desesperación de millares de ciudadanos honrados y trabajadores. Que ahora vengan organizaciones o funcionarios de gobiernos extranjeros a reclamar por el respeto de sus derechos humanos es una afrenta innombrable por las víctimas de estos criminales.
Con el paso de los años quedó demostrado que ofrecer a los mareros un trato similar al que tienen personas que cometen algún delito de forma esporádica es darles ventajas y generar la posibilidad de que profundicen sus habilidades para matar, extorsionar, violar y cometer los crímenes más abyectos. Solo con la rigurosidad que se puede implementar en el centro de confinamiento del terrorismo (Cecit) puede reducirse drásticamente la organización de las maras.
Y no se trata de violación de los derechos de los criminales, sino de la defensa más decidida de los derechos humanos de los ciudadanos honrados y trabajadores. Solo en la medida en que los delincuentes estén en las cárceles, lejos de las familias, El Salvador podrá mantener su actual clima de paz.
Y para eso es necesario que no resurjan los liderazgos dentro de las pandillas y castigar severamente a los cabecillas que todavía dirigen a pequeños remanentes de las maras desde las sombras. Aquellos que reclaman por la dureza de las sanciones están pensando más en defender a los criminales que en salvar la vida de las familias. El pueblo salvadoreño está atento y sabe cuáles son los políticos que en el pasado han pactado con las maras y que ahora se niegan a castigar severamente a los delincuentes.