Durante décadas, los gobiernos de ARENA y del FMLN aplicaron medias tintas con la delincuencia, amparados en seguir las fórmulas emanadas de organismos internacionales, otros gobiernos e incluso lo que algunas ONG les susurraban al oído.
Como resultado, dejaron crecer las pandillas. Permitieron que grupos de antisociales se consolidaran y se convirtieran en organizaciones criminales transnacionales, con tales niveles de violencia y brutalidad que muchos países —Estados Unidos incluido— los consideran terroristas y los enfrentan a través de unidades especiales.
ARENA y el FMLN trataron con guantes de seda a criminales juveniles, bajo el pretexto de las leyes penales que les había impuesto el «lobby» internacional, cerrando los ojos a una verdad a todas luces evidente: el crimen organizado estaba reclutando a niños para aprovecharse de esos vacíos. En lugar de proteger a la niñez y la adolescencia, permitieron que cayeran en manos de criminales sin escrúpulos, dispuestos a convertir en asesinos a niños de 12 años.
Con organizaciones delincuenciales tan complejas y con poder creciente, ARENA y el FMLN prefirieron rendirse y negociar con ellas a cambio de seguir lucrándose del saqueo del Estado. Nunca enfrentaron de manera honesta a las maras, sino que las protegieron y alentaron con treguas como las pactadas en las administraciones efemelenistas de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, y que ARENA, a través de su candidato Norman Quijano, pretendía emular.
No fue hasta que el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas cuando por primera vez en la historia El Salvador conquista la paz.
El «método Bukele» para garantizar la seguridad de los ciudadanos inspira a gobiernos y políticos a lo largo y ancho del continente y más allá.
Y no es solo porque ha enviado a prisión a más de 72,000 integrantes y colaboradores de pandillas, sino porque también ha reducido otros delitos y enfrentado, de manera contundente, los actos de corrupción, desde los históricamente ignorados por ARENA y el FMLN hasta los de funcionarios del actual Gobierno, que han sido detenidos y procesados por cometer delitos, aprovechándose de sus cargos.
No hay ninguna excepción para ello. Así sean diputados, asesores, titulares de autónomas, policías o militares, todos enfrentan la justicia por los delitos cometidos. La guerra contra las maras ha demostrado que no se puede tolerar ningún delito. Solo así El Salvador podrá mejorar y desarrollarse, liberándose de las ataduras de la vieja política.
