Veinte artículos de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito reformó ayer la Asamblea Legislativa, para frenar los abusos que los burós crediticios cometen en contra de la población salvadoreña.
La reforma, aprobada con 80 votos, otorga seis meses a los tres burós que operan en El Salvador (Equifax, TransUnión e Infored) para que actualicen la información crediticia de sus usuarios y adecúen sus operaciones a las nuevas exigencias legales.
Los diputados explicaron que los burós han dejado sin actualizar la información crediticia de los clientes hasta por un año. Esta situación impide que los bancos o las casas comerciales tengan datos confiables sobre la situación financiera de los usuarios para otorgarles créditos o servicios.
A partir de la finalización del plazo de seis meses, los burós quedan en la obligación de actualizar cada 15 días la información crediticia, y si se niegan a rectificar o modificar los datos inexactos de los clientes, incurrirán en una infracción grave.
Las infracciones graves conllevarán multas desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Pero si la afectación es a intereses colectivos o difusos, será hasta los 600 salarios mínimos. Cien salarios mínimos equivalen a $36,500 y 600 salarios mínimos a $219,000.
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En caso de que un banco, que es un agente económico formal, reporte a un buró de crédito como dato negativo la falta de pago de una membresía asociada a una tarjeta de crédito sin saldo de capital o los intereses vencidos, también incurrirá en una infracción grave.
Asimismo, una infracción de este tipo es el proporcionar, mantener o transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces.
Por otra parte, los burós que obtengan información de forma fraudulenta, engañosa y sin la debida autorización del consumidor o del cliente incurrirán en una infracción muy grave.
La misma infracción cometerán los burós que almacenen información crediticia de clientes por un período mayor a tres años.
La ley contempla que las infracciones muy graves serán sancionadas desde los 120 hasta los 600 salarios en el sector comercio y servicio, pero hasta 800 salarios si la afectación es a intereses colectivos o difusos. Ciento veinte salarios mínimos equivalen a $43,800 para una falta grave y hasta $292,000 por una muy grave.
OTRAS OBLIGACIONES DE LOS BURÓS Y MEDIDAS DE CONTROL
Las reformas obligan a que cada buró posea, además de sus agencias centrales, quioscos y centros de resolución de quejas en cada departamento del país. También, ordenan que todas las demandas de los clientes sean resueltas en un período no mayor a tres días hábiles.
Cuando un cliente solicite un reporte escrito de su historial crediticio, el buró se lo extenderá gratuitamente. Según los diputados, anteriormente los burós cobraban hasta $5 por extender este documento.
La reforma establece que el reporte del historial tendrá, entre otros datos, el nombre de la agencia crediticia que emite la información, hora y fecha de emisión del documento, registro de las deudas bancarias activas y créditos en mora del cliente, quienes también podrán revisar en línea su historial crediticio.
En este sentido, cada buró será el encargado de crear la página web y proporcionar al usuario la cuenta y la contraseña para que acceda y revise su información.
La normativa establece, además, que los historiales crediticios no pueden aparecer con récord negativo si una persona logra justificar que en tiempos de crisis, derivados por pandemias, desastres naturales, colapsos financieros, no pudo cumplir con sus pagos en instituciones como bancos o casas comerciales.
Los diputados de Nuevas Ideas destacaron que las reformas aprobadas ayer se constituyen en un acto de «justicia financiera» en contra de los burós que por años han violentado los derechos de los clientes, afectándolos en sus récords crediticios.
