El primer paso es no entrar en desesperación ni preocuparse por una deportación. Así lo enfatizó la directora de Campañas de Alianza Américas, quien también es beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), Yanira Arias, ante el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en contra de otorgar una residencia permanente a los beneficiarios del estatus que no se sometieron a una inspección o autorización para ingresar a Estados Unidos.
De acuerdo con el documento de la Corte, los inmigrantes que entraron al país de manera irregular no son elegibles para optar por una «tarjeta verde» o residencia permanente, aunque hayan sido cobijados por el programa desde hace más de dos décadas.
Esta decisión excluye a los tepesianos que ingresaron a Estados Unidos con visa de turista, estudiante o trabajo temporal, así como con la petición por medio de familiares o patronos. Arias aclaró que la decisión del Órgano Judicial no implica una deportación inmediata, ya que la extensión del programa llega hasta el próximo 4 de octubre con el permiso de trabajo. El 28 de octubre de 2019, bajo la presidencia de Donald Trump, El Salvador fue el único país que contó con 365 días más para continuar con permisos de trabajo del TPS.
«Llamo a las personas a no tener miedo; por el contrario, que esto las active a organizarse con diferentes instituciones para presionar por la residencia permanente. Además, que se acerquen para una asistencia legal con un abogado o a las organizaciones», detalló Arias.
«Este capítulo no está escrito del todo, tenemos que pelear. Necesitamos a las personas que serán afectadas con este fallo para enfatizar en el Congreso que ya no se puede esperar más por una residencia permanente», sostuvo.
El fallo de ayer es respecto al caso de José Santos Sánchez, un salvadoreño que decidió demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés). El fallo de los nueve jueces del Supremo, el tribunal más alto del país, es de efecto a escala nacional.
Sánchez alegaba en su caso que el Gobierno de Estados Unidos reconoció su entrada al país como legal al darle el TPS.
Ayer, la Corte dejó en claro que no es así. «El estatus legal y la admisión son conceptos distintos en la ley de inmigración, y el establecimiento del primero no establece al segundo. Sánchez se resiste a esta conclusión», dice el fallo.
A esa batalla de presión se unirá la cofundadora del Centro Ya Basta, en Los Ángeles, y del sindicato de conserjes en la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por su sigla en inglés), Verónica Lagunas, una de las salvadoreñas con TPS impactadas con la resolución.
Lagunas junto con su madre decidieron alojarse en Los Ángeles el 9 de febrero de 2001 y permanecieron indocumentadas durante algunos días. Luego se favorecieron con el TPS.
«Amanecimos con este golpe. Definitivamente va a afectar mucho. Había muchas personas que estaban esperando que sus hijos cumplieran los 21 años para que ellos metieran papeles, pero con el dictamen no son elegibles, no lo van a poder hacer», dijo Lagunas, quien había sembrado sus esperanzas en su hijo de 17 años, nacido en Estados Unidos.
Aunque lamenta este pronunciamiento en el mes de la Herencia del Inmigrante, el próximo 10, y del 20 al 26 de junio, se sumará a otra protesta y huelga de hambre —por segunda ocasión— junto con los sindicatos en Washington.
Ahora la única alternativa que tienen los salvadoreños con TPS es la aprobación del proyecto H. R. 6 Ley de promesa y sueño americano.
