La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez, desmarcó al resto de los miembros del organismo colegiado de las recientes declaraciones del magistrado Julio Olivo, quien se mostró a favor de un golpe de Estado contra el presidente de la república, Nayib Bukele.
El martes pasado, Olivo dijo en la entrevista Encuentro que el pueblo salvadoreño también tiene el poder «para dar un golpe de Estado» al presidente Bukele. El mandatario fue electo por voto popular y en elecciones libres en febrero de 2019.
«Como presidencia del Tribunal, me desvinculo de todas esas posturas o esos comentarios. Sí somos un organismo colegiado, pero cada magistrado da sus posturas. Ellos son los responsables en las entrevistas que dan. En ningún momento esas argumentaciones serían posturas de un organismo colegiado. Ahí no tenemos nada que ver», señaló enfáticamente la presidenta del TSE en declaraciones a «Diario El Salvador».
La funcionaria agregó que la competencia de la institución es organizar las elecciones e impartir justicia electoral y que serán otras instancias las que decidirán si promueven alguna acción legal contra Olivo.
En tanto, los analistas Mauricio Rodríguez y Geovani Galeas concordaron en que hay suficientes motivos para que la Asamblea Legislativa destituya al magistrado del FMLN por mostrarse a favor de un golpe de Estado.
Para Rodríguez, el magistrado no fue imparcial ni independiente con sus declaraciones públicas y posiblemente incurrió en apología del delito, por lo que la Asamblea debe removerlo de su cargo. La destitución requiere de mayoría calificada, es decir, 56 votos de los diputados. El grupo parlamentario de Nuevas Ideas tiene esa cantidad.
«Está incitando a las personas a este tipo de cosas. [Las declaraciones] comprometen al señor Julio Olivo porque él es un árbitro de nuestro sistema electoral», expresó Rodríguez.
Por su parte, Galeas dimensionó que hay suficientes motivos para que la Asamblea destituya al magistrado del FMLN no solo por su última declaración, sino por la cadena de expresiones que en su calidad de juez electoral ha vertido contra el Ejecutivo.
También valoró que Olivo —electo dos veces en el cargo por la propuesta del grupo parlamentario del FMLN— posiblemente incurrió en el
delito de prevaricato.
«La gente lo que espera es que este señor estuviera ya destituido o incluso en la cárcel porque no es la primera vez que hace una acción desafortunada como ciudadano, como magistrado. Este señor es un prevaricador», agregó Galeas.
En relación con el delito de prevaricato, el artículo 310 del Código Penal dice: «El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo».
El analista Ricardo Sosa opinó que es necesario que la Fiscalía ponga un precedente en contra de este tipo de personas que «en privado y en público expresan sus proyectos de posibles proposiciones o conspiraciones» en contra del mandatario, dijo Sosa.
Mientras, la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrate, valoró en la Entrevista A:M que Olivo debería renunciar al cargo.