El gobierno del FMLN destinó casi $3 millones para comprarle a la empresa chilena Sonda el centro de monitoreo y de videovigilancia del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). Las enormes pantallas para controlar la operación de una empresa privada que se entregó sin licitación —y que solo generó beneficios para sus dueños— jamás estuvo en funcionamiento.
Los equipos sin usar están en la terminal Integración del Sitramss, en Soyapango. De hecho, ni siquiera están funcionando los buses articulados ni los denominados «padrones» desde el inicio de la cuarentena del año pasado. La empresa que operaba el Sitramss ni siquiera pagó los salarios devengados a sus trabajadores y está en entredicho la reanudación de operaciones. La Asamblea Legislativa está obligada a llevar a cabo una licitación para asignar la operación.
El enorme elefante blanco que es el Sitramss implicó la contratación de un crédito internacional de $60 millones y otros millones más de apoyo para beneficiar a privados, y restringió el uso de una carretera que debía ser para todo público. El Sitramss complicó la circulación desde el triángulo oriente de San Salvador (San Martín, Ilopango y Soyapango) y degradó la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos, al hacer frustrante el recorrido desde sus hogares hacia el trabajo y centros de estudio.
Una resolución de la Sala de lo Constitucional que abrió el carril segregado del Sitramss a la circulación de vehículos particulares fue el golpe de gracia a un proyecto creado en beneficio de unos intereses muy particulares, como lo fue ese centro de monitoreo de $3 millones, que estuvo abandonado desde el principio y cuya compra solo favoreció al proveedor y a quienes firmaron el contrato, pues el beneficio público jamás llegó a los ciudadanos.
Las paradas vacías del Sitramss y el permanente tráfico en el bulevar del Ejército y en la alameda Juan Pablo II, además de la complicación del bulevar Venezuela y las calles de Soyapango, son el recordatorio de la corrupción de gobiernos pasados y de cómo el gasto público se enfocó en proyectos que no solo no resolvieron los problemas de la ciudadanía, sino que los empeoraron.
Es una tarea pendiente la creación de un sistema de transporte eficiente, que privilegie lo público sobre lo privado. Pero será una misión para las nuevas autoridades, legislativas y municipales, que surjan el 28F en conjunto con el Gobierno Central.
