El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que en El Salvador existe una plena libertad de prensa, pues no hay ningún periodista detenido o algún medio de comunicación clausurado por expresarse libremente como han querido señalar ciertos grupos de comunicadores, sobre todo de medios muy críticos del Gobierno.
«@nayibbukele lleva 686 días como presidente y ni un periodista ha sido arrestado, ni detenido, ni desaparecido, ni asesinado», escribió Guevara en Twitter.
El diputado de la bancada cian salió así al paso de posturas de periodistas que aducen que una reforma del Código Penal recientemente aprobada por el congreso los llevará a la cárcel.
La enmienda sanciona de 10 a 15 años de prisión a todo aquel que mediante cualquier medio de comunicación reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas y que pudieran causar pánico entre la población.
El 1.º de junio, Bukele cumplirá tres años de Gobierno, tras ganar la elección presidencial de 2019, y para Guevara, en El Salvador existe una irrestricta libertad de prensa.
«En resumen, en este país hay libertad de prensa. Simple», expresó, y añadió que de ninguna manera algún medio de comunicación ha sido censurado o clausurado por difundir información.
«Tienen libertad de publicar cualquier trabajo que cumpla el mínimo de rigor periodístico. En lo aprobado no se menciona nada en contra de la libertad de prensa», explicó el congresista.
Y agregó: «Incluso pueden publicar noticias falsas, distorsionadas o tendenciosas como han hecho costumbre.
Eso no es sancionado. Así que sigan su labor sin ningún riesgo». Las reformas del Código Penal forman parte de un pliego de iniciativas avaladas por el parlamento luego de un repunte de homicidios cometidos por pandillas a finales de marzo pasado y que llevaron también a decretar el estado de excepción.
Con las nuevas disposiciones legales se establecen penas de entre 30 y 45 años de prisión para pandilleros y sus cabecillas, que se juzgue a menores de edad con penas similares a las de los adultos, la incautación de bienes a pandilleros, un régimen especial de protección para jueces y testigos y la eliminación de medidas sustitutivas a la detención.