El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el viernes 19 de marzo el juicio en contra del exministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela, y diez procesados más por supuestos actos de corrupción en la reconstrucción de los hospitales públicos San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis, en San Vicente, cuyas afectaciones al ministerio de Salud (Minsal) superan los $5 millones, según Fiscalía.
El principal acusado es Maza Brizuela, quien fue titular de Salud durante la presidencia de Elías Antonio Saca (2004-2009), el ministerio público le atribuye el delito de negociaciones ilícitas, los demás imputados son señalados de estafa agravada y falsedad ideológica en el proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud (RHESSA) dañados por los terremotos de 2001.
La diligencia se suspendió debido a que el abogado Lisandro Quintanilla presentó un escrito al tribunal porque a su criterio el delito que le es señalado a su cliente, Rolando García -representante de una empresa contratista- prescribió en 2015 cuando el caso fue judicializado.
«Hemos solicitado extinción de la acción penal por estar prescrita. Nosotros presentamos un escrito conteniendo el recurso de revocatoria con apelación. El tribunal tiene que darle trámite al recurso y suspender hasta que la Cámara de Segunda Instancia resuelva», explicó Quintanilla.
La Fiscalía también será informada para que conozca el escrito y de esa manera tenga oportunidad de pronunciarse en los próximos tres días que finalizan el jueves.
«Como representación fiscal tenemos que analizar los argumentos que plantea la parte defensora y en base a esos argumentos y los elementos de pruebas poder pronunciarse, pero al final va hacer el tribunal quien va a decidir si da al lugar o no lo que plantea el defensor (Quintanilla)», dijo uno de los fiscales.
Según la Fiscalía, las acusaciones en contra de los procesados surgieron tras una investigación que inició a partir de los avisos que interpuso la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, sobre anomalías descubiertas en la inversión destinada al proyecto de reconstrucción de los hospitales mencionados.
La Fiscalía también hizo referencia a la pena que solicitarán contra los procesados y las pruebas que presentará.
«La Fiscalía siempre persigue que se impongan la pena máxima. Hay un catálogo de pruebas que van desde la testimonial, personas que participaron en los proyectos, documental y pericial», comentó la misma fuente.
Para Mario Machado, abogado del exministro Maza Brizuela señalado de negociaciones ilícitas, su cliente nunca participó de los hechos que lo involucran en este proceso judicial. «Ni siquiera participó en ninguna negociación de conciliación porque no era técnico», dijo.