El Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción histórica de los homicidios y otros delitos como las extorsiones y los robos. Desde que se implementó en 2019, el Plan Control Territorial empezó a reportar resultados, a tal punto que ARENA-FMN y sus aliados en la vieja Asamblea Legislativa intentaron boicotearlo, impidiendo el financiamiento para las nuevas fases, que incluían la modernización y el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
No obstante, y pese a los obstáculos, el Gobierno del presidente Nayib Bukele logró implementar el Plan Control Territorial y dio resultados. Con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa se levantó el bloqueo y las fuerzas de seguridad pública recibieron importantes refuerzos para combatir a las pandillas.
Al combinar el Plan Control Territorial con el régimen de excepción y una Fiscalía General de la República que trabaja en función de la población y la renovación del Órgano Judicial —que llevó nuevos y más comprometidos jueces al frente de los tribunales— fue posible la detención de más de 51,000 pandilleros y colaboradores de las estructuras criminales. La inmensa mayoría ha sido procesada y guarda prisión, lo que ha llevado tranquilidad a barrios, colonias, cantones y caseríos a lo largo y ancho del país.
Debido a los importantes golpes a las pandillas en los territorios en los que delinquían, los homicidios y las extorsiones cayeron drásticamente, además de que la impunidad se desplomó del 97 % a menos del 20 %, aunque los esfuerzos continúan para reducirla al mínimo o eliminarla.
El sector del transporte confirmó esta semana que prácticamente se dio una «anulación de las extorsiones» gracias al régimen de excepción. William Cáceres, el presidente de una gremial de transportistas, aseguró que llevan cuatro meses sin ser extorsionados, lo cual es un alivio económico, porque solo en 2015, durante el gobierno del FMLN, los dueños del transporte público de pasajeros reportaron haber entregado $35 millones a los pandilleros a cambio de la seguridad de sus buses, microbuses y trabajadores.
Es más, el transporte colectivo de pasajeros ha anunciado que no se registran muertes violentas de motoristas y cobradores en lo que va de este año, y que desde la implementación del Plan Control Territorial los ataques de pandilleros contra este sector de la población vienen en descenso.
Las estrategias de seguridad han incluido también el despliegue de policías y militares en buses y microbuses como parte del Plan Transporte Seguro, lo que también ha llevado tranquilidad a los usuarios.
