El Sistema de Vivienda del Gobierno salvadoreño prevé invertir $228.1 millones en créditos durante 2024, a través de diferentes programas incluidos en instituciones como el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).
La titular de la cartera, Michelle Sol, detalló que solo con el FSV se proyecta colocar $170 millones, en iniciativas como Casa Joven, Casa Mujer y Casa Nueva.
«Esto se traducirá en muchas familias que podrán comprar casa propia», dijo.
La funcionaria destacó, además, que para incrementar el marco de acción con dichos proyectos, a partir del 16 de enero se puso en marcha una cuarta mejora en las condiciones crediticias a través del FSV.
Por ejemplo, los activos extraordinarios de hasta $25,000 tendrán un interés del 2 %, cuando antes era del 3 %, y se mantendrá cero prima; asimismo, Casa Mujer amplía la edad y el nivel de ingreso máximo para aplicar.
Además, en Casa Nueva se amplió el límite de crédito de interés social de $30,000 a $40,000, con interés del 4 % y cero prima.
«Si un joven de 30 años quiere comprar su primera vivienda y elige una nueva de $40,000, tendrá una cuota de $230, incluso más baja que la de un alquiler; y en vivienda recuperada tenemos cuotas de menos de $50, créditos con 2% de interés y cero prima», apuntó la ministra.
Es importante mencionar que esta inversión proyectada se sumaría a los más de $783.2 millones en créditos que ya se han entregado en los cuatro años y medio de la gestión del presidente Nayib Bukele.
Resolución de lotificaciones irregulares
Ayer, el Ministerio de Vivienda y la Defensoría del Consumidor (DC) sostuvieron una reunión con familias de los municipios Berlín, Santa Elena y Concepción Batres, del departamento de Usulután, que se han visto afectadas por las lotificadoras irregulares.
En el encuentro, la ministra Sol y el presidente de la DC, Ricardo Salazar, informaron sobre los avances del trabajo de la Mesa de Casos Colectivos en la legalización de los lotes.
Sol indicó que el 5 de marzo vence el plazo para declarar las notificaciones, luego de ello, cada desarrollador tiene 12 meses para presentar la documentación. Si los lotificadores no se presentan, pero las familias interponen denuncias, se procederá a enviar avisos a la Fiscalía General de la República.
«Todos sabemos que el tema de las lotificaciones se ha prestado para estafas a nivel nacional. Ha sido un problema que nunca nadie lo abordó ni le dio el seguimiento que se le tenía que dar; sin embargo, el presidente Bukele dio todo su apoyo para resolverlo», dijo la funcionaria.