La estela de homicidios que dejaron los pandilleros en 2015 —con cifras de 6,656— es el más claro ejemplo del poderío criminal que alcanzaron en El Salvador en la década pasada, o, visto desde otra perspectiva, hasta donde los gobiernos de ARENA, primero, y del FMLN, después, les permitieron llegar
Eran precisamente el plomo, las amenazas, las desapariciones y las extorsiones las principales armas de una organización criminal que, como lo interpreta el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue reconocida o legitimada por el Gobierno de Funes como un «Estado criminal paralelo».
En ese año, El Salvador alcanzó su peor tasa de criminalidad: 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, con lo que pasó a encabezar a los países más peligrosos del mundo, a pesar de no estar en un conflicto armado.
A base de homicidios, los grupos terroristas marcaron parte de su estrategia para sentarse a negociar con las autoridades, a la sazón de que todo un entramado de personajes les sirvió en el plano netamente político, como voceros, financistas, mediadores o «facilitadores», como lo ha reconocido el prófugo expresidente Mauricio Funes.

Fue en el año de la tregua entre pandillas, en 2012, bajo el gobierno de FMLN, cuando se les permitió potenciarse como organización criminal, advierte el fiscal general, Rodolfo Delgado, pero fue en 2015 cuando con esas más de 6,600 muertes violentas se «rebelan al Estado».
Fue en ese año cuando la pandilla adopta la estrategia de «válvulas abiertas» o que, en períodos cortos, los jefes terroristas autorizaban los homicidios, «ocasionando que se elevara la cifra diaria de víctimas».
Los objetivos criminales o las víctimas que la mara seleccionaba eran los considerados «enemigos de la pandilla»; entre ellos, policías, militares, pandilleros contrarios y «bandozos», como clasificaban a personas particulares que colaboraban con las autoridades. Todo esto está plasmado en el dictamen de acusación del caso Jaque.

La ranfla ordenaba desde los diversos centros penales la «apertura de válvulas», en los que se cuentan 24 ataques contra personal del sistema judicial, dejando como resultado los asesinatos de 121 personas, entre agentes de la PNC, custodios de Centros Penales, miembros del Ejército y agentes del CAM.
Entre 2012 y 2022 hubo 96 «válvulas», como el jueves 27 de agosto de 2015, con 51 asesinatos, y cinco días antes, el sábado 22, se registraron 45 asesinatos.
Según una investigación de la Fiscalía, en 2015 la Salvatrucha establece «nueva modalidad» en la que cada clica debía hacer llegar sus reportes de información relacionados con a la planificación de atentados a diferentes personas, para que tener el aval de los cabecillas históricos, ranfleros y los corredores de los 32 programas distribuidos en cuatro zonas geográficas del país.