«En una ocasión el padre Toño (como se conoce al sacerdote Antonio Rodríguez) ingresó un saco de boxeo, al pasar por uno de los escáneres en las fotografías se podían observar que en su interior iban dos pistolas de 9 mm, granadas y munición, los artefactos no tenían la capacidad para dañar la infraestructura, pero si para hacerle daño a una persona, sin embargo, esto nunca fue reportado, ni se guardó registro», esto es parte de lo que detalló este martes un testigo en el caso Tregua entre pandillas.
Y es que hoy, continuó esta vista pública en contra del expresidente Mauricio Funes y el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, en el caso «Tregua entre pandillas», mediante el cual el Gobierno del FMLN otorgó beneficios a las maras a cambio, supuestamente, de dejar de atentar contra la población salvadoreña, con la comparecencia de los primeros seis de 42 testigos.
Entre los primeros seis testigos están los encargados del centro de monitoreo e inteligencia, y los subdirectores de seguridad de los centros penales de Izalco, en Sonsonate y Zacatecoluca en La Paz. Todos los testigos forman parte de un grupo de 30 personas convocadas por la Fiscalía General de la República.
Los testificantes confirmaron el otorgamiento de beneficios para los pandilleros recluidos en ambos centros penitenciarios y reuniones para planificar, junto con los cabecillas que guardaban prisión, el accionar de los mareros que se encontraban en la calle, todas las acciones eran avaladas tanto por Munguía Payés como por el exmandatario.
«Quiero denunciar siete ilícitos cometidos por las autoridades de centros penales, el ministerio de Seguridad y el gobierno, durante el periodo que duro la tregua: uno fue el ingreso de mediadores sin registro; la salida de pandilleros, cabecillas de clicas, a otros centros penales para reunirse con otros cabecillas; visitas intimas sin el debido permiso y procedimiento; entrada de discomóviles para amenizar fiestas dentro del penal; entrada de bailarinas con poca ropa; simulación de requisas y el retiro de máquinas que tenían información de todo lo ejecutado en el penal», aseguró el exsubdirector de seguridad del centro penal de Izalco.
Según el testigo, todas estás acciones eran avaladas por el director del recinto penitenciario, Juan José Zepeda y el director de Centros Penales, Nelson Rauda, quienes recibían las ordenes de ambos procesados.
«Estas personas pedían que los llamados mediadores de la tregua, que en un inicio eran monseñor Fabio Colindres, Raúl Mijango, Roberto Díaz y varios lideres de pandilla de la calle, ingresaran sin realizar el debido proceso para acceder al recinto y sin pasar por los tres anillos de seguridad», señaló el testigo.
Al igual que el subdirector de seguridad del penal de Izalco, uno de los encargados del centro de monitoreo e inteligencia de dicho recinto también señaló como los mediadores, y quienes se reunían con los pandilleros, les llevaban comida y objetos a Fabio Colindres, Raúl Mijango, Roberto Díaz y al padre Toño, como se conoce a Antonio Rodríguez Tercero, sacerdote pasionista.
Además de detallar cómo se habría ingresado esas armas al penal de Izalco, a través del saco de boxeo, ambos señalaron que los supuestos mediadores siempre llegaban con maletines y bolsas y que al intentar ser requisados siempre realizaban llamadas para que luego se les ordenara, a los encargados de la seguridad en los centros penales, que los dejaran pasar sin ningún procedimiento, ni revisión.
«En una ocasión se realizó una requisa simulada, estás no eran programadas, en esa ocasión se localizaron 50 teléfonos celulares en los sectores 1 y 2 del penal de Izalco, sin embargo, ninguno de estos fue reportado, y al finalizar la requisa todos fueron devueltos a los pandilleros», indicó el subdirector de seguridad del penal de Izalco.
El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador tiene previsto que la vista pública dure cinco días. Durante ese periodo se espera la comparecencia de 30 testigos y uno de los defensores de Munguía Payés ha informado que ellos estarían presentando entre 10 y 12 para desvirtuar la acusación.