La nacionalización del transporte público en nuestro país o una nueva concesión a empresas capacitadas es una necesidad latente. El tema del transporte público es un tema pendiente, esa concesión del Estado y los millones de dólares en subsidios parece que no sirven de mucho y a los transportistas se les está acabando el tiempo y, sobre todo, las excusas.
El 99 % de los salvadoreños hemos tenido experiencias no gratas con el transporte público, ya sea como usuarios o como personas que se transportan en otros vehículos. Las personas que hemos tenido la oportunidad de movernos en transporte público en otros países nos hemos dado cuenta de que el transporte público en nuestro país no cuenta con los elementos mínimos para ser un transporte público eficiente y, sobre todo, digno, desde la obsoleta forma de pago, pasando por el trato de los conductores, el incumplimiento de normas y leyes, hasta el pésimo estado de las unidades de transporte.
En otros países existen normas de convivencia dentro de las unidades de transporte y el primero en cumplirlas es el conductor, quien además tiene una preparación previa en temas que van desde cómo conducir amigablemente hasta primeros auxilios.
El art. 81 del Reglamento General de Tránsito expresamente manifiesta las prohibiciones de los conductores de transporte público, las cuales parece que fueran las «obligaciones», porque todas las conductas descritas como prohibidas son prácticas cotidianas para ellos. «Prohíbase a los conductores del transporte colectivo de pasajeros llevar pasajeros en las escaleras, puertas o colgados en el exterior, llevar mayor número de pasajeros para el cual está autorizado, no detenerse completamente cuando pasajeros desean subir o bajar, disputarse pasajeros», entre otras.
La calidad del servicio no es negociable, el trato cordial y profesional de las personas que conducen debe ser esencial. He visto en otros países que incluso se bajan para ayudar a personas a subir, un hecho casi imposible en nuestro país. Todo lo anterior sin contar el grave daño que ocasionan al medioambiente y que, al incumplir las medidas sanitarias en plena pandemia, se han convertido en posibles focos de infección.
Las unidades de transporte deben ser inclusivas. ¿Se imagina a una persona discapacitada, en silla de ruedas, intentando abordar un bus para ir a su consulta médica? El transporte público debe generar movilidad, y al no tener la capacidad para transportar a una persona en silla ruedas prácticamente se le excluye de la sociedad, lo que minimiza su oportunidad de desarrollo, siendo el derecho a la movilidad y a la participación social un derecho fundamental. La accesibilidad al transporte público es universal, y si no se tiene la capacidad, la estructura o la voluntad para cumplir con este principio sin duda nos encontramos ante una discriminación.
Las agresiones hacia las mujeres en las unidades de transporte público son terribles, la violencia a la que la mujer es sometida es algo en lo que se debe trabajar prioritariamente, violencia que va desde lo verbal hasta el contacto físico.
Si a alguien se le delega una tarea y no es capaz de ejecutarla, pues se le delega a otra persona o, mejor aún, la hace uno mismo. Esto con la finalidad de que El Salvador tenga un transporte público digno.