El embajador de Colombia en El Salvador, Carlos Rodríguez Bocanegra, describe cómo su país avanza en la consolidación de la paz luego del acuerdo suscrito hace cinco años entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Considera que dicho proceso de paz ha logrado avances porque se ha centrado en atender a las víctimas del conflicto armado —que rondan las 339,740 personas—, sin olvidar el procesamiento de los implicados en crímenes de guerra y lesa humanidad.
¿Qué representa para Colombia la reciente visita del secretario general de la ONU en el contexto del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC?
La visita del secretario general, Antonio Guterres, lo que marca es el respaldo que hemos recibido de parte de la comunidad internacional, particularmente de Naciones Unidas, para llevar a cabo un seguimiento a los compromisos adquiridos en este acuerdo, y para que él mismo, de primera mano, se entere cómo se ha venido implementando el acuerdo.
Nosotros, como colombianos, hemos hecho muchos esfuerzos para lograr avanzar en el tema de la paz, pero estamos conscientes de que la paz no se consigue solo con la firma de un acuerdo, sino que es una construcción a largo plazo. Uno de los puntos fundamentales del acuerdo en Colombia es que la paz se tiene que construir, y así lo reconoció la Corte Constitucional, por lo menos en 15 años.
Cada gobierno, y este ha sido el primer gobierno del posacuerdo, tiene que comprometerse y cumplir con la parte que le corresponde. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del presidente Iván Duque. Y por eso el secretario general Guterres ha reconocido que Colombia es un ejemplo para el mundo en materia de implementación del acuerdo de paz.
Este acuerdo contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto tiene que hacerse cada cierto tiempo, y el presidente Duque logró que se ampliara el plazo para la implementación del acuerdo.
Estamos muy contentos con este respaldo de la comunidad internacional, porque nosotros solos no lo podemos hacer, y así lo hemos reconocido como pueblo, como sociedad, como Gobierno y como Estado. Nos falta mucho por hacer, pero, la verdad, lo que se ha logrado hasta el momento es impresionante y vamos por una muy buena senda.
¿Cuáles fueron los elementos más complicados a superar durante la negociación o diálogo con las FARC?
El acuerdo siempre duró bastantes años de negociación y siempre se ha buscado una paz que les llegue a las comunidades. Colombia es un Estado con un territorio grande, más de 1,200,000 kilómetros cuadrados, y obviamente teníamos que buscar la manera de llegarles a las comunidades y que la paz llegara a los territorios.
Desde nuestra independencia, que celebramos también 200 años de la Constitución de Cúcuta, el reto del Estado colombiano es tener el control del territorio y poderles llegar a las comunidades a través de un Estado, que la Constitución dice que es un Estado centralista, pero con descentralización administrativa.
Eso implica que la seguridad es una parte fundamental para tener paz en los territorios. Lamentablemente hay grupos que se alzaron en armas y que tomaron la decisión de hacer reformas y cambios por la vía armada.
La primera lección aprendida es que no hay posibilidad real de la toma del poder por el lado armado, que la democracia y el Estado de derecho son el camino fundamental para que las comunidades y las sociedades puedan vivir en paz.
En ese sentido, Colombia tiene una larga historia de procesos de paz, uno tras otro, y esperamos que realmente este sea el final, para poder decir que vivimos en paz y podamos llegar a la comunidad a resolver sus necesidades, que realmente ese es el objetivo central del Estado. El punto fundamental fue hacer un proceso de paz centrado en las víctimas.
¿Cuáles políticas se implementaron en favor de las víctimas?
Este proceso de paz es un proceso que se construyó sobre experiencias anteriores. Un proceso de paz en 2008 que se llamó Justicia y Paz, y con anterioridad a eso fue un proceso de consenso basado en un proceso de paz que nos llevó a un cambio constitucional, como resultado del cual tenemos la Constitución actual.
¿Qué se identificó? Que si no hacemos una paz centrada en las víctimas, pues no hay posibilidades de avanzar. Ese fue un reto que Colombia empezó incluso antes de llegar al acuerdo con las FARC.
Lo que hay que reiterar es que es la voluntad del Estado de construir paz, y por supuesto eso nos lleva a lograr un acuerdo con los grupos alzados en armas. La ley de víctimas y restitución de tierras es anterior al acuerdo, es una ley que cumple 10 años y que el Gobierno del presidente Duque, a través de una ley del Congreso, hizo una prórroga más allá de 2030.
Muchas de las víctimas han sido despojadas, las tierras han estado en el centro del conflicto en Colombia también. Por eso, lo que se ha hecho ahora es llegar a las comunidades.
Se tienen los municipios identificados como municipios PDET, es decir, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y en esos territorios lo que se busca es identificar quiénes han sido las víctimas para saber si han sido despojadas de las tierras, que puedan regresar, devolverles sus tierras a través de procesos muy ágiles ante jueces, y también identificar a las víctimas que han estado en el exterior y poderlas indemnizar.
Colombia es un ejemplo también de cómo se construye paz teniendo en cuenta debidamente las necesidades de las víctimas, y particularmente con un enfoque de género, para poderle ayudar a tantas mujeres que han sido víctimas de la violencia en Colombia.
En términos del producto interno bruto, el porcentaje que se ha invertido para reparar a las víctimas ha sido muy grande. En algún momento, una parte complicada de la negociación con el acuerdo de paz fue determinar quién iba a reparar a las víctimas, y sin duda los primeros obligados a hacer la reparación tienen que ser quienes han sido los victimarios.
Pero el Estado no se ha hecho al margen y ha dedicado recursos de nuestro producto interno bruto para tener un fondo especial para la reparación de las víctimas y que les llegue a las víctimas esa reparación.
Con respecto a los victimarios, ¿se ha creado legislación para penalizar los crímenes de guerra y lesa humanidad?
El eje central de un proceso de paz, además de estar basado en las víctimas, es que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Esos son los estándares internacionales, y Colombia ha venido dando cumplimiento a ello. Lo que se logró fue crear una jurisdicción especial para la paz, que se encarga de la investigación y sanción de los delitos que se han cometido con ocasión del conflicto armado.
En El Salvador se ha comenzado a hablar nuevamente de crear una ley de justicia transicional. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener una legislación de esta naturaleza para reparar a las víctimas?
El Salvador realmente también ha sido un referente a escala internacional. La construcción de la justicia transicional tiene que garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Y es fundamental centrarse en las víctimas, que realmente hagan parte del proceso, que no sean excluidas, que sientan que hay un proceso de perdón y reparación, y el enfoque de género que hay que reivindicarlo.
No puede haber un proceso de paz donde a las mujeres no se les dé un espacio que merecen para evitar la revictimización. Lamentablemente, las mujeres son las que más sufren en un conflicto.
En otro tema, ¿se ha fortalecido la cooperación bilateral entre El Salvador y Colombia?
Con El Salvador tenemos una cooperación muy ágil. Tuvimos una reunión de seguimiento a la comisión mixta de cooperación bilateral y vemos con beneplácito que los proyectos que se han acordado entre las dos agencias de cooperación y los dos ministerios de Relaciones Exteriores se han venido implementando de muy buena manera.
Son proyectos de cooperación técnica y Cooperación Sur-Sur. La relación bilateral con El Salvador es muy buena, es una relación de amistad, es una relación que se construye día a día.
Colombia ve a El Salvador como un país estratégico y tenemos también una presencia de empresas colombianas de alta calidad en El Salvador.
Más de 30 empresas colombianas están acá, en áreas como la banca, AFP, también tenemos compañías de aseo, tenemos también compañías que están en el sector de comercio y en las farmacéuticas.
Colombia le ha apostado a El Salvador como país de inversión y también empresas salvadoreñas le han apostado a Colombia para hacer sus inversiones en el sector hotelero, en el sector de comercio.
La invitación para las empresas salvadoreñas es que miren a Colombia como un espacio donde pueden vender sus productos, les garantizamos, a través de la seguridad jurídica, la posibilidad de que las empresas inviertan con confianza.