Diversas voces desde la oposición han mostrado «su preocupación» por la «alarmante concentración de poder» en torno al presidente Nayib Bukele. Aseguran que no solo controla el Ejecutivo, sino que ahora también ejercerá dominio sobre la Asamblea Legislativa y desde ahí extenderá su influencia sobre el Órgano Judicial cuando los diputados elijan a un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo que no dicen estos voceros fatalistas es que el presidente Bukele fue electo con amplia ventaja en primera vuelta, y que la mayoría calificada que obtuvo Nuevas Ideas para la próxima Asamblea se logró con el aumento de votantes, incluso más que en las elecciones presidenciales, que usualmente atraen a más ciudadanos.
El presidente Bukele y Nuevas Ideas han sido delegados por la población para ejercer el poder que tradicionalmente estuvo repartido entre dos institutos políticos. No obstante, es un error creer que los anteriores presidentes no controlaban el Órgano Legislativo. No lo hacían formalmente, pues las bancadas de sus partidos no tenían los votos suficientes para lograr la mayoría simple (43 votos), mucho menos para conseguir la calificada (56). Pero para eso tenían los maletines negros: para comprar voluntades y todas las mayorías que desearan.
En algún momento, en el FMLN esa práctica se llamó «el mercado persa», en el sentido de que desde la presidencia ejercida por ARENA se podía comprar de todo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, una vez que el FMLN desplazó a ARENA del Ejecutivo, mantuvo la práctica e incluso la hizo más sofisticada.
Entonces, las mayorías en el primer órgano de Estado durante los Gobiernos de ARENA y del FMLN se consolidaron por medio de la partida secreta de la presidencia de la república. La diferencia ahora es que la mayoría en la nueva Asamblea se consolidó en las urnas de manera democrática y como expresión de la voluntad del pueblo salvadoreño.
Estos diputados, que tienen amplio respaldo popular, serán los que renueven un tercio de los magistrados de la CSJ y los que elijan, a final de año, al nuevo fiscal general de la república y a todos los demás funcionarios que corresponde nombrar en las elecciones de segundo grado. Esta es la democracia representativa en la que se basa el Estado salvadoreño. Venir a renegar de ella cuando los resultados han sido adversos desnuda de la manera más fiel a quienes usaron al Estado desde el Gobierno para beneficiarse y perjudicar a las mayorías.