En teoría, el servicio público genuino debe ser respetado en la sociedad y los partidos políticos deben promover grandes estándares de honestidad y transparencia. Sin embargo, en la práctica, los trabajos en el servicio público han sido considerados un coto de caza del político de turno, que entrega plazas (y no trabajo) a sus simpatizantes, familiares y aliados.
La Asamblea Legislativa, por ejemplo, está bajo un profundo escrutinio, sobre todo ahora que habrá un cambio político trascendental que apartará a los tradicionales administradores de la cosa pública para la llegada de verdaderos servidores.
Hemos visto, como sacado de una caricatura, al diputado saliente Rodolfo Párker justificar las plazas fantasma con el argumento de que hay trabajadores del Órgano Legislativo que no necesitan presentarse a las instalaciones para ejercer su labor. Eso solo tiene sentido si es gente que se dedica a hacer campaña en el territorio, pero esa es labor de un activista, no de un empleado pagado con los impuestos de los ciudadanos.
En las planillas del PDC de Párker han desfilado políticos de la vieja guardia pedecista, pero también supuestos líderes de vendedores informales que ahora están siendo procesados junto con pandilleros, tal es el caso de Vicente Ramírez o del exalcalde de Santa Ana Orlando Mena, quien estuvo huyendo cuando lo procesaron por la violación de una menor de edad.
Los partidos políticos han utilizado la Asamblea Legislativa para premiar a sus activistas con un ingreso sin tener que presentarse a trabajar. Y ha sido tan discrecional que es sabido que existe la misma plaza, como asistente de fracción, con salarios de $500 y de $1,950, o que hay ordenanzas con salario de $1,514 y analistas que ganan $500, en tanto que hay plazas de secretarias que van desde los $600 hasta los $2,000, según sean clasificación I, II, III, IV o V.
El allanamiento de la Fiscalía General de la República a las oficinas de Recursos Humanos y a la Gerencia Financiera de la Asamblea Legislativa seguramente dará con información valiosa, pero debe ser una acción expedita, que no se prolongue por mucho tiempo, tanto que cuando lleguen los diputados electos no dispongan de la documentación para hacer una necesaria depuración de la planilla parlamentaria. No puede, por tanto, convertirse en una excusa para blindar a activistas, sobre todo porque en su afán de encubrir las malas prácticas se cambió a empleados de fracción a plazas institucionales o incluso fueron reclasificados de asesores a analistas, técnicos o colaboradores administrativos, o cualquier otro eufemismo que oculte que estaban ahí no por su trabajo, sino simplemente para cobrar a fin de mes.
