En agosto pasado la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para dar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda la facultad de auditar los recursos transferidos a las alcaldías para combatir la pandemia de COVID-19 y atender emergencias por las tormnentas Amanda y Cristóbal.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó ayer que ya se auditaron 66 municipalidades, las cuales malversaron alrededor de $27,667,000.
Zelaya señaló que a estas alcaldías se les entregó un monto total de $64,365,000, de los $191.7 millones que establecía el Decreto 608, que servirían para brindar asistencia a grupos vulnerables de las comunidades, proveer alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre otros.
Sin embargo, al hacer los procedimientos de verificación, el Ministerio de Hacienda identificó que $24,926,000 de los fondos entregados fueron ejecutados en otros destinos.
«Hay gastos que no aplican a los decretos de emergencia, fueron ejecutados en otros destinos. No podemos dar un detalle específico en qué, porque esa es la situación de cada una de las alcaldías, pero la mayoría de ellas estaban relacionadas a pagar gastos de fiestas patronales, sacaron un cheque de la cuenta Covid-19 para la cuenta común y pagaron planilla de salarios, proveedores atrasados y una infinidad de gastos que no tenían que ver con la pandemia», explicó el ministro en conferencia de prensa.
En ese panorama, el funcionario indicó que hubo administraciones que creyeron que, al desviar los fondos, podrían reponer dichas cantidades; sin embargo, les fue difícil restablecer dichos montos porque los ingresos corrientes no les ajustaron o por diferentes razones.
«Al no reponer los fondos estos se tipifican como el delito de malversación, porque no estaba contemplado. No se puede gastar ni un solo centavo para algo que no esté regulado en la ley de la República o en un decreto», declaró el funcionario.
Asimismo, la institución encontró salidas de capital por $2,741,000, los cuales no tienen ningún documento o registro que compruebe el gasto hecho por dichas administraciones. «Casi $3 millones que no están soportados por ninguna clase de documentación», advirtió.
«Hay salidas de fondos no documentadas; es decir, solo está el cheque, pero no hay ningún tipo de documento, ni factura, ni orden de compra, ni una carta solicitando el cheque. No hay nada», aseveró el titular de la cartera de Estado.
Los consejos municipales involucrados son: Apaneca, Guaymango, Santa Ana, Coatepeque, Chalchuapa, San Antonio Pajonal, Santa Rosa Guachipilín, Santiago de la Frontera, Sonsonate, Acajutla, Armenia, Juayua, Nahuizalco, Izalco, San Antonio del Monte, Chalatenango, Ciudad Arce y Comasagua.
Asimismo, las alcaldías de La Libertad, Santa Tecla, Quezaltepeque, San Juan Opico, San Matías, Zaragoza, Aguilares, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Nejapa, Rosario de Mora, San Martín, San Salvador, Santiago texacuangos, Tonacatepeque, Ciudad Delgado, Cuscatlán, El Carmen, así como San José Guyabal, San Pedro Perulapán, Suchitoto y Tenancingo.
Además, las administraciones de El Rosario, Olocuilta, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Vicente, Apastepeque, Santo Domingo, San Esteban Catarina, San Sebastián, Tepetitán, Verapaz, Usulután, El Triunfo, Mercedes Umaña, Ciudad Barrios y La Unión, entre otras.
El decreto legislativo mandata al Ministerio de Hacienda a remitir a la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República (FGR) los informes de las auditorías realizadas a las alcaldías, por lo que este jueves se procederá a darle seguimiento y que se pueda tipificar como peculado y como malversación de fondos.
«Mañana [hoy] vamos a hacer la presentación a la FGR, vamos a trasladar todas estas cajas para entregar toda la información. Hay facturas, copias de cheque certificados», aseguró el ministro.
El lunes pasado, la Corte de Cuentas presentó ante la FGR nueve avisos contra siete alcaldías por malversar fondos públicos. Ante dichos avisos presentados, el alcalde de Zaragoza, César Godoy se pronunció, a través de su cuenta de Twitter. El edil mostró su postura de cooperación y transparencia con una invitación a FGR para que realice cualquier investigación respecto al uso de los fondos en la administración anterior.
