El Gobierno del presidente Joe Biden «se lavó las manos» y dejó el destino del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y Nepal, a merced de lo que lo que Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decida. Esto implica exponer a 260,000 inmigrantes a la deportación.
Un ambiente político árido por las próximas elecciones de medio término en noviembre y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, fueron los detonantes para que los abogados de la administración Biden decidieran dar un paso atrás de las negociaciones del caso Ramos versus Mayorkas, indicó la Alianza Nacional del TPS.
«Biden se está lavando la manos diciendo que no puede hacer nada cuando en realidad puede hacer mucho. Puede redesignar el TPS para estos países que estamos en la demanda», dijo la salvadoreña amparada con este programa Verónica Lagunas. «Ya basta de que nosotros las familias tepesianas seamos esa moneda de cambio para muchos políticos. Biden prometió en campaña que iba a restablecer el TPS. Si el presidente está en ese lugar es porque nosotros tocamos puertas por él», aseguró.
«Es un día muy triste, se parece a cuando el expresidente Donald Trump terminó el TPS», expresó el salvadoreño Orlando Zepeda.
La demanda fue presentada en California en marzo de 2018 después de que el expresidente Trump intentó revocar las protecciones de las personas con TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. En octubre de ese año, el juez Edward Chen de la Corte de Distrito del Norte de California en San Francisco, dictaminó que las terminaciones «eran ilegales y motivadas por una intención racista». Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la orden del tribunal inferior. «Esa decisión aún no es definitiva porque sigue pendiente la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el pleno del Noveno Circuito», según la Alianza.
Debido a la no resolución del caso en la Corte, el TPS se prolongó de forma automática con los permisos de trabajo de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022; pero con la culminación de las negociaciones, ahora la Corte tiene que notificar su decisión un mes antes de esa fecha límite, es decir el 30 de noviembre.
La salvadoreña con TPS Doris Reina-Landaverde, quien trabajó en primera línea durante la pandemia limpiando los salones en la Universidad de Harvard, está preocupada porque se expone a perder su empleo en la escuela superior sin una acción concreta del presidente Biden.
Reina-Landaverde emigró a finales del 2000 por la falta de empleo y ahora es madre de niñas de 9, 11 y 16 años, ciudadanas de Estados Unidos.
«El presidente Biden debe abogar por la residencia permanente, fue una promesa de campaña. No queremos separarnos de nuestras familias», manifestó. De acuerdo con el Centro para el Progreso Estadounidense, hay 300,000 hijos ciudadanos de personas con TPS cuyos hogares serían afectados.
