La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la república significó el inicio del desmontaje de un corrupto sistema político implementado por ARENA-FMLN para saquear el Estado salvadoreño.
Por primera vez llegaba al poder una persona que no respondía a las cúpulas políticas que habían dominado el país no solo durante los últimos 30 años que la alianza estuvo en el gobierno, sino desde la existencia misma de El Salvador como república.
La transformación del país, el rescate de sus instituciones para ponerlas al servicio del pueblo salvadoreño —y no de intereses particulares— y el inicio de los verdaderos cambios suponían una tarea titánica.
Uno de los principales problemas de la ciudadanía, presente en todas las encuestas de opinión, era la inseguridad.
La violencia que creció bajo el amparo de los gobiernos de ARENA-FMLN significó, además, una fuente de ingresos por medio de agencias de seguridad, venta de armas y municiones para un selecto grupo, y permitió a las cúpulas corruptas de los viejos partidos políticos negociar alianzas electorales y treguas.
Del mismo modo, una tasa de homicidios de más de 105 por cada 100,000 habitantes ahuyentaba la inversión extranjera y el turismo internacional, temeroso de ser víctima de un acto de violencia. El combate a las pandillas iniciado desde el primer día de Gobierno del presidente Bukele fue también un rompimiento con la forma de actuar de ARENA-FMLN.
Las pandillas han sido perseguidas en el territorio, pero también han sido incomunicadas en las cárceles. Se mezclaron en los penales para superar esa macabra práctica de entregar a cada pandilla centros de detención exclusivos.
Se acabaron las fiestas con comida de restaurantes, alcohol, discotecas móviles y prostitutas, y en su lugar se instauró un régimen de disciplina y orden, recuperando los espacios y eliminando todo rastro de pintas alusivas a grupos criminales.
Con la llegada del régimen de excepción se permitió mayor efectividad de los cuerpos de seguridad. De ese modo, se reportan más de 36,000 capturas de pandilleros, cabecillas y colaboradores, los cuales seguirán detenidos mientras duren los procesos judiciales.
Este desmontaje de la violencia no ha sido bien visto por los aliados de los pandilleros, que están presionando para que pare el plan de llevar tranquilidad a los barrios, las colonias y los caseríos, bajo una retorcida defensa de los derechos humanos.
Es decir, se ponen del lado de los asesinos, no de las víctimas. Por eso el presidente Bukele reclamó a quienes se oponen al régimen de excepción que jamás criticaron cuando el FMLN dio armas a niños y los mandó a matar, o el pacto con las pandillas, delito por el que un excandidato presidencial de ARENA abandonó el país.
Todos son bienvenidos para construir este nuevo país, pero respetando las decisiones tomadas por las autoridades democráticamente electas.