A tres semanas de haber culminado con la norma de expulsión exprés en la frontera, Título 42, continúan sin funcionar los centros regionales de procesamiento anunciados por la administración de Estados Unidos para orientar sobre las vías legales a las que podrían tener acceso los inmigrantes. La medida, según las autoridades, tiene como objetivo reducir el flujo migratorio irregular hacia el país norteamericano mientras se implementa el Título 8.
Como primera fase, se comenzarían a gestionar casos de solicitantes de asilo, refugiados y decenas de familias de todas partes del mundo, en Guatemala y Colombia, para luego extenderse con 100 sedes en países del hemisferio occidental. Sin embargo, la Agregada Regional de Centroamérica del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marlen Piñeiro, afirmó ayer durante una conferencia virtual que estos siguen sin funcionar.
«Estados Unidos está en discusión con varios países para abrir estos centros […]. Esperamos que en cualquier momento abran», señaló la funcionaria.
«Como son en otros países, tenemos que llegar a acuerdo con ellos. Estamos en discusiones y pensamos que en cualquier momento podremos anunciar específicamente sus aperturas», detalló.
Mientras el Ejecutivo concreta las alianzas, miles de personas se exponen a enfermedades, hambre y secuestros en México con el cierre de algunos centros de detención, detallan informes semanales de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés). «En la Ciudad de México, el cierre de un albergue municipal ha dejado a cientos de migrantes ocupando un parque cerca de las oficinas de la agencia gubernamental de refugiados», compartió.
El 12 de mayo, la subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Marta Youth, indicó que los peticionarios de asilo serían evaluados en los centros regionales para determinar su elegibilidad en el estatus de refugiados u otras vías legales en Estados Unidos, y eventualmente en otros países, como Canadá y España.
Las sedes serán operadas por organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las autoridades estadounidenses aclararon que el único acceso para llegar a ellos es que los inmigrantes hayan realizado una cita previa por medio del portal movilidadsegura.org, el cual contiene por el momento información general sobre los procesos.
«Mejor quédese y hagan las cosas de manera apropiada», advirtió Piñeiro sobre las nuevas medidas que el Gobierno está aplicando para la migración irregular. En sustitución al Título 42, la administración de Joe Biden reforzó el Título 8, que permite deportaciones aceleradas si los inmigrantes no pueden comprobar su situación de emergencia.
Además, si las familias no acudieron con su petición a otro país antes de llegar a Estados Unidos, estarán expuestos a la detención y deportación y a «perjudicar su reclamo de asilo», aseguró. «Las personas son detenidas mientras esperan su proceso de deportación, no quedan libres. Están sujetas a otras alternativas como el monitoreo [con un grillete electrónico] en el tobillo», insistió.
