Debido a la falta del cumplimiento de una serie de medidas cautelares dictadas por el Juzgado Ambiental de San Miguel en contra del alcalde y el concejo municipal de Santa Rosa de Lima, La Unión, la alcaldía decidió cerrar el rastro municipal.
El cierre había sido ordenado hace dos años, pero luego les otorgaron una prórroga bajo la justificación de que se harían algunas acciones para mejorar las condiciones y reducir la contaminación.
Sin embargo, a finales de abril de este año, la Dirección General de Gestión Territorial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó al Juzgado Ambiental de San Miguel sobre el no acatamiento del cierre técnico del rastro.
«El 16 de julio se nos vence la prórroga de dos años que nos dieron para mitigar ciertas dificultades que se estaban dando en el rastro municipal; lamentablemente, la prórroga solo era para mitigar, no era que el rastro iba a seguir funcionando en el lugar donde siempre ha estado, y lo único que tenemos que hacer es acatar la orden», expresó Ramón Ventura, concejal de la alcaldía.