En varias ocasiones anteriores he hablado en esta columna de que, para establecer con claridad el orden de prioridades, es necesario hacer una distinción muy precisa entre lo urgente y lo importante.
Para todos es obvio que el fenómeno de las pandillas criminales no tiene su origen en las simples ganas de delinquir, sino entre otros aspectos relacionados, pero sobre todo en una larga práctica de exclusión y marginación social.
Así pues, en una primera mirada parece lógico que la solución del problema es la corrección de esa práctica abusiva por medio de un conjunto de políticas públicas subsidiarias, inclusivas y orientadas a la multiplicación de oportunidades para los vastos sectores desfavorecidos.
Y esa es una verdad irrefutable en lo general y en el plano teórico. Pero ¿qué hacer si en la situación concreta la criminalidad se ha vuelto masiva, ha logrado imponer un creciente control territorial y ha llegado a perpetrar hasta 30 asesinatos diarios además de otros incontables y graves delitos, como extorsiones, violaciones y secuestros?
En esas condiciones de excepcionalidad, la solución estructural, de inclusión y prevención seguirá siendo la importante, pero dejará de ser la urgente. Llegados a este punto no importa cuánta inversión subsidiaria haga el Estado en los territorios porque, al estar estos bajo el control de los criminales, todo terminará en manos de ellos.
Lo urgente entonces pasa a ser el combate directo y frontal contra quienes, habiendo sido contingentes de marginados, se han convertido de hecho en estructuras abiertamente criminales.
En nuestro país la guerra contra esas estructuras ha sido implacable y contundente y está a punto de concluir exitosamente. Pero esta es solo una parte del problema porque, más allá de la causa social o estructural de este, lo que permitió la implantación, el crecimiento y la consolidación de esas estructuras criminales fue la corrupción institucional.
La lógica misma indica que es imposible pasar a la solución estructural sin resolver antes de modo efectivo y urgente el problema de la corrupción. Esta es la nueva guerra que ya ha comenzado y que, al igual que la otra, será implacable, contundente y exitosa.
Lo mostrado hasta ahora por nuestras autoridades, especialmente por el comandante general y su Gabinete de Seguridad, autorizan plenamente esa certeza.